Las organizaciones cri­minales han potenciado sus operativas de trá­fico desde Paraguay sacando provecho de las debilidades que tiene la República, en los últimos años del gobierno de Mario Abdo Benítez. Nues­tro país tiene un nulo control sobre su espacio aéreo, a lo que se suman las ineficaces accio­nes de vigilancia en los puestos fluviales.

Según datos recabados y seña­lados en el informe sobre el comportamiento del nego­cio de la droga expuesto por el senador Enrique Riera durante sus reuniones en Estados Uni­dos, en Paraguay se estima que existen aproximadamente 2.200 pistas de aterrizajes para avionetas, de las cuales sola­mente un poco más de 500 aeródromos estarían registra­dos ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Esto quiere decir que cerca de 1.700 pistas clandestinas esta­rían a merced del crimen orga­nizado transnacional para que las narcoavionetas con cargas de cocaína a tope desciendan en nuestro suelo. Pero ade­más de estas opciones múlti­ples que tienen los pilotos del narcotráfico para bajar, otro de los puntos esenciales es que no se cuenta con tecnología eficaz y eficiente para la inspección del espacio aéreo.

Esta es una de las grandes falencias en materia de segu­ridad por la que atraviesa el Paraguay, la falta de vigilancia y protección del espacio aéreo nacional. Y es que la Fuerza Aérea Paraguaya no cumple su misión constitucional que es la de contribuir a la defensa nacional en el ámbito aeroes­pacial, a fin de ejercer la sobe­ranía efectiva del espacio aéreo.

Esta situación es aprovechada por el crimen organizado para utilizar a nuestro país como ruta, tránsito y centro de aco­pio de cocaína para ser enviada a otros puntos del planeta.

Sin embargo, a esta cruda rea­lidad nuestra también hay que agregarle que desde nuestros puertos son enviadas cien­tos de toneladas de cocaína a África, Asia y principalmente Europa.

En este sentido el dossier del senador Riera agrega que la Dirección Nacional de Adua­nas también forma parte del grupo de instituciones que poco o nada aportan en la lucha contra el tráfico de estu­pefacientes. Añade que esta aduce no tener equipamiento ni recursos monetarios para contar con escáneres. Los contenedores contamina­dos con cocaína pasan por los puestos de control adua­nero sin mucha dificultad.

Las evidencias son claras. Desde el año 2020 hasta la fecha, los organismos nacio­nales e internacionales incau­taron 47.538 kilos. Estas car­gas pasaron por los puertos paraguayos sin ser detec­tadas por los controles de la Administración Nacio­nal de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección Nacio­nal de Aduanas y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Un dato relevante que señala el documento presentado por el legislador dice que expertos estiman que las incautaciones representan un 10% o menos del valor total exportado, por lo tanto, se presumen que por Paraguay pasaron unos 470 mil kilos de cocaína en los últimos tres años, cuyo valor rondaría los US$ 25.000 millones.

Asimismo, Riera remarca en su reporte que la ANNP tampoco controla el 80% de los despa­chos que salen de puertos pri­vados, y que estadísticamente, son las zonas más vulnerables para la narcoexportación, contaminando contenedo­res y luego enviada la carga al mundo a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.

El senador Enrique Riera men­ciona en su informe que la his­toria de países que ya pasaron por esto muestra que el negocio narco lo primero que hace es usar el dinero para infiltrarse en las instituciones de orden y seguridad. “No solo evitan ser detectados, sino que general­mente son protegidos por las autoridades que se corrom­pen frente al dinero”, indica el documento.

En esta situación existen varios ejemplos de vínculos con el narcotráfico, como es el caso del relacionamiento entre el ex ministro de la Senad e Interior Arnaldo Giuzzio y el capo brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Al igual que la ex secretaria de Giuzzio, la actual ministra de la Senad, Zully Rolón, quien firmó con­venios con el ex diputado Juan Carlos Ozorio, capturado y procesado en el marco del ope­rativo A Ultranza Py.

De Rolón también se cues­tiona una serie de actuaciones en operativos antidrogas, como también las filtraciones reali­zadas en favor de organizacio­nes criminales investigadas por su dependencia.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.