Las organizaciones cri­minales han potenciado sus operativas de trá­fico desde Paraguay sacando provecho de las debilidades que tiene la República, en los últimos años del gobierno de Mario Abdo Benítez. Nues­tro país tiene un nulo control sobre su espacio aéreo, a lo que se suman las ineficaces accio­nes de vigilancia en los puestos fluviales.

Según datos recabados y seña­lados en el informe sobre el comportamiento del nego­cio de la droga expuesto por el senador Enrique Riera durante sus reuniones en Estados Uni­dos, en Paraguay se estima que existen aproximadamente 2.200 pistas de aterrizajes para avionetas, de las cuales sola­mente un poco más de 500 aeródromos estarían registra­dos ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Esto quiere decir que cerca de 1.700 pistas clandestinas esta­rían a merced del crimen orga­nizado transnacional para que las narcoavionetas con cargas de cocaína a tope desciendan en nuestro suelo. Pero ade­más de estas opciones múlti­ples que tienen los pilotos del narcotráfico para bajar, otro de los puntos esenciales es que no se cuenta con tecnología eficaz y eficiente para la inspección del espacio aéreo.

Esta es una de las grandes falencias en materia de segu­ridad por la que atraviesa el Paraguay, la falta de vigilancia y protección del espacio aéreo nacional. Y es que la Fuerza Aérea Paraguaya no cumple su misión constitucional que es la de contribuir a la defensa nacional en el ámbito aeroes­pacial, a fin de ejercer la sobe­ranía efectiva del espacio aéreo.

Esta situación es aprovechada por el crimen organizado para utilizar a nuestro país como ruta, tránsito y centro de aco­pio de cocaína para ser enviada a otros puntos del planeta.

Sin embargo, a esta cruda rea­lidad nuestra también hay que agregarle que desde nuestros puertos son enviadas cien­tos de toneladas de cocaína a África, Asia y principalmente Europa.

En este sentido el dossier del senador Riera agrega que la Dirección Nacional de Adua­nas también forma parte del grupo de instituciones que poco o nada aportan en la lucha contra el tráfico de estu­pefacientes. Añade que esta aduce no tener equipamiento ni recursos monetarios para contar con escáneres. Los contenedores contamina­dos con cocaína pasan por los puestos de control adua­nero sin mucha dificultad.

Las evidencias son claras. Desde el año 2020 hasta la fecha, los organismos nacio­nales e internacionales incau­taron 47.538 kilos. Estas car­gas pasaron por los puertos paraguayos sin ser detec­tadas por los controles de la Administración Nacio­nal de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección Nacio­nal de Aduanas y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Un dato relevante que señala el documento presentado por el legislador dice que expertos estiman que las incautaciones representan un 10% o menos del valor total exportado, por lo tanto, se presumen que por Paraguay pasaron unos 470 mil kilos de cocaína en los últimos tres años, cuyo valor rondaría los US$ 25.000 millones.

Asimismo, Riera remarca en su reporte que la ANNP tampoco controla el 80% de los despa­chos que salen de puertos pri­vados, y que estadísticamente, son las zonas más vulnerables para la narcoexportación, contaminando contenedo­res y luego enviada la carga al mundo a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.

El senador Enrique Riera men­ciona en su informe que la his­toria de países que ya pasaron por esto muestra que el negocio narco lo primero que hace es usar el dinero para infiltrarse en las instituciones de orden y seguridad. “No solo evitan ser detectados, sino que general­mente son protegidos por las autoridades que se corrom­pen frente al dinero”, indica el documento.

En esta situación existen varios ejemplos de vínculos con el narcotráfico, como es el caso del relacionamiento entre el ex ministro de la Senad e Interior Arnaldo Giuzzio y el capo brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Al igual que la ex secretaria de Giuzzio, la actual ministra de la Senad, Zully Rolón, quien firmó con­venios con el ex diputado Juan Carlos Ozorio, capturado y procesado en el marco del ope­rativo A Ultranza Py.

De Rolón también se cues­tiona una serie de actuaciones en operativos antidrogas, como también las filtraciones reali­zadas en favor de organizacio­nes criminales investigadas por su dependencia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.