Un proyecto de investigación llamado Cálculo de la magnitud del aborto inducido en el Paraguay arrojó como resultado que en el año 2012 se realizaron 32.237 abortos inducidos, siendo esta una de las primeras causas de muerte materna.

Los mismos investigadores indicaron que este trabajo surgió debido a que en el país no existe un registro exacto del número de abortos que permita contar con el impacto en la salud ni la toma de decisiones por parte de las autoridades.

Los investigadores del proyecto son: los estadísticos Laura Almirón y Héctor Arévalos; los sociólogos Mercedes Melián, Marco Castillo, Camila Corvalán y Alejandra Martínez, el ginecólogo y obstetra Claudio Castro, la trabajadora social Nidia Battilana y la analista de sistemas informáticos, Ruth Navarro.

Este proyecto fue cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del programa PROCIENCIA.

El resumen de la investigación explica que la aplicación de métodos indirectos permitió estimar la magnitud del aborto inducido en Paraguay, ante la carencia de un registro de abortos inducidos, estos resultados ofrecen órdenes de magnitud dentro de los cuales se encontrarían los valores reales.

A partir del método de la incidencia de las complicaciones por aborto, se estimó que la tasa de abortos inducidos por 1.000 mujeres en edad fértil fue de 21, y con una magnitud de 32.237 abortos inducidos durante el año 2012.

“Entre las principales limitaciones se vio la falta de estadísticas oficiales sobre complicaciones relacionadas al aborto inducido, lo que llevó a realizar las estimaciones en base a la percepción de los profesionales entrevistados, teniendo el cuidado de haber seleccionado a aquellos con mayor conocimiento y experiencia en lo que refiere a salud reproductiva en el país”, señala el informe.

El método residual, que se basa en los datos generados a partir de la Encuesta de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva del año 2008, permitió estimar que para ese año se realizaron 19.983 abortos inducidos, con una tasa de aborto estimada de 14 por 1000 mujeres en edad fértil.

“Estas estimaciones aparecen como un primer aporte al conocimiento de la magnitud del aborto inducido en Paraguay, que podría ser replicado para ver la evolución de esta práctica en el tiempo”, señalan los investigadores.

Cifras oficiales

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el 2017 se registraron 7.350 abortos, los cuales están tipificados como “abortos espontáneos” o como alguna situación de sangrado que requirió de asistencia médica.

Estos casos no fueron catalogados por la cartera sanitaria como “abortos provocados” debido a que se brinda la asistencia cuando la paciente acude para recibir atención ya cuando presenta algún sangrado, dolor, infección, etc.

De las 78 muertes maternas registradas en el 2017, 10 fueron por causas o complicaciones relacionadas al aborto, esta cifra se basa en los registros oficiales de personas que acudieron a los servicios de salud dependientes del MSP, indicó durante una entrevista con Radio UNO, la doctora Patricia Veiluva, Directora General de Programas de Salud de la cartera sanitaria.

Veiluva sostuvo que, probablemente, esta decena de muertes maternas hayan sido registradas a consecuencia de un aborto provocado de manera intencional y en lugares clandestinos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.