La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), conjuntamente con UNICEF Paraguay, el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez (CCFC) y Aldeas Infantiles SOS Paraguay, presentó ayer Plan “País Pionero” de la Alianza Global (End Violence Against Children) para poner fin a la violencia contra la niñez.

Ricardo González, ministro de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, en entrevista con la 970 AM comentó que tras una iniciativa de las Naciones Unidas, se llevó adelante esta alianza con otras organizaciones, siendo seleccionados 13 países entre los que se encuentra Paraguay.

El hecho de que nuestro país integre esta alianza es debido a que ya había preparado un plan de acción para hacer frente a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en una coalición con organismos internacionales.

“Es un logro y un paso importante que afirma la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras líneas de trabajo, las estadísticas nos hablan de la necesidad de ir erradicando la violencia pero desde el mismo círculo de protección del niño que se llama familia. Hay que romper ese círculo de violencia que se arrastra por varias generaciones”, expresó González.

El ministro de la Niñez y la Adolescencia recordó que, según un estudio de UNICEF, 6 de cada 10 niños manifestaron haber recibido algún tipo de castigo o maltrato físico por parte de un adulto. Así también, datos del Ministerio Público indican que se registraron un total de 1.097 casos relacionados a violencia contra niños, niñas y adolescentes en el área Central.

En lo que se refiere a abusos sexulaes a menores, el ministro de la SNNA confirmó que de las 22.000 llamadas que recibieron a través del número 147, unos 365 casos guardan relación con situación de abuso a niños, niñas o adolescentes, dando un promedio de un caso de abuso a menores por día.

Así también, la Corte Suprema de Justicia reveló que en los últimos 5 años se registraron cerca de 2.000 condenas a adultos que cometieron algún tipo de abuso sexual contra menores de edad.

González habló de instalar esta lucha contra la violencia como política pública para que “pueda trascender gobiernos” y mantenerse con el paso de los años, siempre con la colaboración de la ciudadanía para evitar que continúe la cultura del “castigo como forma de corregir”.

“Falta mucho por hacer, estamos consolidando los primeros pasos para lo que tenemos que hacer frente que es erradicar la violencia contra nuestros niños y niñas”, finalizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.