Por este hecho el abogado Daniel Lobo demandó a la  Corte, ya que según el mismo, viola garantías constitucionales, respaldando la resolución por la cual la jueza Rosarito Montanía ordenó “irregularmente” conforme su escrito, interceptar sus comunicaciones.

Son sujetos de la demanda los ministros César Garay, César Diesel, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Eugenio Jiménez Rolón.

El abogado  Lobo había ejercido la defensa de Juan José Dubini Franco, durante la tramitación de una investigación preliminar  ante el juzgado especializado en crimen organizado a cargo de la  jueza Montanía.

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“La referida causa tenía por objeto la averiguación de situaciones que, conforme a investigaciones de la Policía Nacional a través de la Unidad Especializada de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) vinculaban al señor Juan José Dubini Franco en la participación de un supuesto tráfico de estupefacientes. En el marco de dicha investigación fue detenido mi mandante ya mencionado, por lo que, en sede fiscal al ser llamado a declarar, he participado en calidad de defensor, denunciando ante las autoridades correspondientes mi relación procesal a tal efecto y en el marco de la investigación ya indicada, hechos que se corroboran con las interceptaciones de mi línea telefónica, donde en las escuchas se evidencia el trato abogado-cliente y no cómplice como lo hace ver la explicación de la publicación obrante en la página web del Poder Judicial” acusa el demandante.

“Agraviado por el abuso de los derechos que hacen al ejercicio de mi profesión y que conculcan la garantía del debido proceso que ampara a mi mandante, he acudido al Colegio de Abogados del Paraguay a los efectos de que tomen conocimiento de cuanto tengo expresado en materia procesal, permitiéndoles acceder a la documentación que acreditaba mis declaraciones, y que se adjuntan igualmente a esta presentación”, añade.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.