“La empresa coreana está trabajando en el lugar. En la Semana Santa era difícil que te laburen los muchachos, por más coreanos que sean”, expresó el funcionario. De esta forma negó que las tareas en el tramo Caazapá – Yuty se hayan paralizado.

El MOPC aseguró el pasado mes que la empresa contratista Ilsung Construction Co. Ltd., responsable del mejoramiento y la pavimentación asfáltica, comenzó a recuperar terreno y que duplicó su producción de terraplén.

El trazado principal de la ruta 8 tiene 72 km y los accesos suman 12 km. La inversión total es de USD 78 millones. Por medio del proyecto, ciudades de Caazapá, Yuty, Maciel, Bertoni y Yegros tendrán un acceso y salida de todo tiempo.

AVANCE

El Ing. Fabio Riveros, coordinador general de la Unidad Ejecutora del Proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó que de 50.000 m3 producidos en febrero ahora están con más 100.000 m3, con lo cual la obra registra un avance del 8%.

“Esto nos hace suponer que de a poco estarán recuperando terreno y eso se debe básicamente a las importantes inversiones que están realizando con la adquisición de maquinarias 0km”, manifestó Riveros.

Añadió que si bien esta producción resulta aún insuficiente y se mantiene un retraso con respecto al cronograma establecido, la obra avanza sostenidamente y atraso es perfectamente recuperable.

“Este retraso se puede recuperar, no constituye aún un riesgo de incumplimiento del plazo fijado para la terminación de la ruta. Estamos confiados que todo se revertirá a corto plazo”, recalcó.

No obstante, afirmó que ya está aplicando las penalizaciones correspondientes cuando el retraso verificado supera el 5%.

El Ing. explicó que este tipo de inconvenientes en el arranque hasta puede considerarse comprensible tratándose de una firma extranjera que se está instalando en el país y enfrenta las dificultades propias del mercado.

Con respecto a la subcontratación de empresas constructoras, indicó que Ilsun ya firmó contrato y está trabajando en un 100% con la firma Barrail Hnos. Anteriormente lo estaba haciendo con Vial Sur, que luego se retiró.

Destacó que uno de los aspectos importantes es que muchas de estas subcontratistas, principalmente las pequeñas, están comprando equipos nuevos, mejorando así su capacidad de producción.

Sobre los trabajos realizados, dijo que principalmente corresponden a preparación de terraplén y la construcción de un puente sobre el río Pirapó, ubicado entre las localidades de Yegros y Yuty.

PAVIMENTO EN ABRIL.

Anunció que de seguir con este ritmo ya para este se estará trabajando en la parte estructural, específicamente de pavimento propiamente dicho en las cercanías de la ciudad de Caazapá.

Con relación la liberación de la franja de dominio, dijo que la semana pasada el ministerio ya pagó mejoras a más de 39 afectados en la zona de Yegros y que se está trabajando en la negociación para la liberación de más de 100 inmuebles.

La empresa coreana cuenta en su campamento de Caazapá con su propia planta de concreto asfáltico, recientemente instalada con equipos de última generación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.