El número máximo de internaciones en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) llegó a 250 pacientes en un solo día, según el reporte semanal de Vigilancia de la Salud.

En contraste con el máximo de 187 pacientes de la semana anterior representa un cambio porcentual de incremento del 33,7 por ciento. En cuanto a las internaciones generales, se registra una disminución con una media móvil de siete días con 600 casos atendidos.

Un cambio porcentual negativo se evidencia en el número de casos nuevos con el promedio diario de infectados que llegó a 785, cifra ligeramente inferior al reportado en la semana anterior.

“Actualmente, el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 es de 90 días. De mantenerse este ritmo, de acuerdo a las proyecciones, a mediados de febrero se podría alcanzar los 150.000 casos”, señala el informe.

El tiempo de duplicación del total de muertes es de 110 días, evidenciando una desaceleración incipiente. En caso de continuar con esta velocidad de duplicación, las proyecciones indican que a mediados de febrero se podrían llegar a los 3.000 óbitos.

El promedio diario de muertes por millón de habitantes es de 2,26 casos y no es significativamente diferente a las semanas previas, aclara el reporte.

La transmisibilidad, es decir el promedio de contagios por infectados reportados es de 1,04, esto indica una tendencia aún creciente de la curva epidémica. Mientras que el promedio de la tasa de positividad diaria de 24,2 por ciento muestra una disminución en contraste a los 30,4 por ciento de la semana previa.

El reporte revela que el promedio de muestras diarias procesadas es de 3.214, estadísticamente similar a la semana anterior.

En las últimas dos semanas se identificó que Asunción así como doce departamentos del país se hallan el mayor número de casos nuevos diarios por 100.000 habitantes: Asunción (472.7), Central (231.8), Guaira (173.9), Presidente Hayes (160.8), Ñeembucú (150.1), Cordillera (137.5), Amambay (121.5), Canindeyú (119.9), Misiones (117.3), Caaguazú (113.2), Caazapá (112.8), Alto Paraná (98.2) e Itapúa (93.8).

Los dos departamentos con mejores indicadores epidemiológicos en cuanto a casos nuevos en las últimas dos semanas por 100.000 habitantes son: Boquerón y Alto Paraguay. Muestran un cambio porcentual negativo los departamentos de: Asunción, Guaira, Presidente Hayes, Ñeembucú, Cordillera, Amambay, Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná, Concepción Alto Paraguay y Boquerón.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.