Desde hace algunas semanas, un grupo de funcionarios del municipio esteño viene reclamando supuestos despidos injustificados por parte de la actual interventora, María Carolina Llanes, quien asumió la administración en diciembre pasado.

Los mismos la acusan de violar el sistema normativo y haber dejado sin trabajo a personas que contaban con más de 10 años de antigüedad, en algunos casos inclusive con problemas de salud.

En entrevista con Radio Monumental, Llanes habló sobre este conflicto y aclaró que no realizó un despido injustificado de funcionarios, sino más bien optó por no renovar el contrato de varios de ellos teniendo en cuenta los informes recibidos por parte de los jefes y directores de área.

Según manifestó, los trabajadores cesados figuraban en las nóminas pero nunca fueron a trabajar o en todo caso marcaban su entrada pero no se quedaban en sus lugares de trabajo, motivo por el cual podrían llegar a ser considerados como “planilleros”.

En otra entrevista radial con la R800 AM, indicó que la destitución es una potestad que no tiene el interventor, aunque sí puede renovar o no las relaciones contractuales con los empleados que no han cumplido con el trabajo, tal y como ocurrió en este caso.

En total, son alrededor de 90 los funcionarios que no seguirán trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este. Los mismos contaban con contratos temporales que fenecieron en diciembre pasado.

“Se pretende instalar el supuesto despido injustificado como una violación a los derechos laborales, la antigüedad y ese tipo de cosas, pero cómo se va a reclamar antigüedad cuando uno no viene a trabajar y está vinculado de una manera irregular”, expresó Llanes.

INTIMACIÓN A LA INTERVENTORA

Una comitiva encabezada por la escribana Estela Fornerón y los abogados Bernardo Villalba y Christian Cabral (representantes legales de Sandra McLeod) se presentó este miércoles en la Municipalidad de Ciudad del Este con el fin de intimar a la interventora María Carolina Lanes.

Uno de los abogados manifestó que la intimación se debe a dos cuestiones puntuales: el daño patrimonial causado a la institución y el hecho de supuestamente haber tratado a los funcionarios descontratados de “planilleros”.

Bernardo Villalba sostuvo que la interventora se negó al acta notarial porque “sabe que está mintiendo” y aseguró que la misma no tiene ninguna prueba para ratificarse en sus expresiones.

Los representantes legales de McLeod acusan a Llanes de haber despedido de manera arbitraria e injustificada a un grupo de funcionarios, al tiempo de solicitar que presente las planillas y documentos que comprueben que los mismos no cumplían con sus respectivas funciones.

Villalba adelantó que los trabajadores cesados estarían iniciando acciones legales durante el transcurso del día, basándose en que la ley establece que el único que puede contratar o descontratar a los funcionarios es el intendente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.