En la conferencia de prensa realizada por Erico Galeano esta mañana, desde su domicilio en Capiatá, el diputado y senador electo refutó los dos hechos por los que lo investiga la Fiscalía.

“Estamos dentro de una persecución política inmisericorde hacia mi persona, donde se tratan cosas inverosímiles, a partir de un inmueble transferido”, comenzó diciendo Galeano.

Relató que, en el 2013 adquirió un inmueble. En el 2016 inauguró la casa en el condominio Acqua Village. Posteriormente, debido a problemas de salud de su esposa, puso a la venta la propiedad, pero no consiguió oferentes en el corto plazo.

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En abril del 2018, fue electo diputado. En fecha 26 de abril falleció su esposa. Pasaron los años y en el 2020 recibió cinco ofertas de interesados en la compra de su casa en el Acqua Village.

Finalmente optó por venderlo en un millón de dólares Hugo González, a quien dijo no haber conocido, ya que la operación se realizó a través de intermediarios.

“Vino el contrato de compra venta y deposité 600.000 dólares del millón, se puede cotejar la diferencia, se pagaron todas las expensas. Esa es la historia, no es que yo compré por 200.000 y estuve haciendo un lavado”, afirmó Galeano.

Respecto a la imputación por asociación criminal, Galeano señaló que tenía una aeronave, que anteriormente utilizaba para trasladarse de Asunción a Ciudad del Este y viceversa, pero, dejó de usarla por mucho tiempo, por lo cual, decidió darle funciones de taxi aéreo con las conexiones: Asunción-CDE, Asunción-Encarnación y Asunción- Salto del Guairá en aeropuertos controlados.

“Cuando se trata de esto, ni siquiera el propietario ni mucho menos el piloto sabe quién está viajando dentro de la aeronave, son las personas del aeropuerto, la Policía y militares los controladores, así que, mal podría haber sabido ni mucho menos verificado el prontuario de esta gente”, aseguró.

Agregó que: “No tuve contacto ni con Marset ni con Insfrán, se están llevando a cabo atrocidades jurídicas desde el momento en que me están imputando cuando yo soy inimputable por fueros, lo máximo que pueden hacer es pedir mi desafuero y ahí imputarme”.

Consultado sobre quién es el que lo persigue, contestó que Derlis Osorio, quien le debe 1.200 millones de guaraníes.

Respecto a si se pondría a disposición de las autoridades para la investigación, respondió que lo hará en el momento que lo considere oportuno, pero que, no renunciará a sus fueros y que, primero jurará como senador.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.