Guido Barrios Silva fue destituido el domingo del cargo de director de Educación Escolar Básica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a consecuencia de los errores encontrados en los libros de MaPara.

“La Escolar Básica no tiene esa responsabilidad. Entiendo, a lo mejor el ministro (Eduardo Petta) tiene que hacer algo y nuestros cargos son de confianza. Ya que estos materiales se distribuyen a niños del primer y segundo ciclo, yo estoy muy cerca de todo lo que ocurre y estuve promocionando estas estrategias de enseñanza”, indicó en entrevista con la radio Monumental AM.

Según refirió el funcionario, su dependencia se encargaba de controlar las cuestiones técnicas de la impresión, como el gramaje y la calidad de color. Mientras que lo concerniente al contenido estaba a cargo de la Dirección General de Desarrollo Educativo (que antes se llamaba Currículum). También la directora de dicha unidad, Teresa Dejesús Oviedo González, fue destituida de su puesto.

Barrios indicó que el 12 de noviembre, Teresa Dejesús le informó que deseaba realizar cambios a los textos educativos (sin especificarle cuáles serían las modificaciones), siendo que estos materiales ya se estaban imprimiendo desde el 18 de octubre, por lo que su petición ya fue a destiempo.

“Lo que ellos (las autoridades del MEC) alegaron es que yo no alerté si había alguna cosa que hacer, pero yo sí hice eso, devolví una nota diciendo a la señora Teresa que ya no había tiempo porque ya se estaban imprimiendo y que sobre el material que había que corregir se debía alertar a las autoridades. La señora Teresa no lo hizo en forma oficial, sino que trajo unos biblioratos que quería hacer modificaciones, pero ya no había tiempo”, dijo.

Barrios Silva comentó que existen numerosos libros con errores ortográficos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.