Luis Gneiting visitó este martes los estudios de la 970 AM y habló sobre la polémica suscitada a raíz de la importación irregular de carne por parte del Frigorífico Concepción.

En ese sentido, aseguró que se montó todo un esquema a través de los medios de comunicación para realizar acusaciones contra su persona y contra el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, sobre un supuesto pedido de coima de US$ 500.000. Por todo ello, considera que el asunto “se desvió totalmente del punto original”.

“Jamás nos metimos en un pedido de coima, todas son conjeturas, no hay pruebas para poder acusar”, expresó el titular del MAG, cuestionando que la persona que inició toda la polémica dijo que “era un simple mensajero”, en alusión a Carlos Trapani.

Gneiting recordó que, en una conversación con el propietario del Frigorífico Concepción, Jair de Lima, el mismo confesó que el que autorizaba el ingreso de carne en todos los casos era el propio extitular del Senacsa, Hugo Idoyaga: “Hablamos con el señor Jair, le preguntamos por qué trajo la carne sin el permiso correspondiente, él nos dijo que Idoyaga les autorizaba 30 camiones de carne semanales, no aclaró nunca si era o no con permiso”.

Según manifestó durante la entrevista radial, luego de verificar todos los procedimientos, encontraron una “complicidad impresionante” en todo el proceso de importación de carne al país. Asimismo, recordó que, según una resolución firmada por Idoyaga hace unos años atrás, estaba prohibida la importación de carne a frigoríficos que están habilitados para exportación, normativa que fue incumplida.

“Había una arbitrariedad de quien autorizaba la importación, tenía el manejo absoluto de la situación, hablamos de millones de dólares”, afirmó Gneiting, asegurando que era Hudo Idoyaga el encargado de autorizar todo el ingreso de carne y, por ende, el principal responsable de las irregularidades detectadas.

A su criterio, esta fue “una gran desprolijidad institucional por parte de Senacsa” que puso en peligro la situación del país como exportador de carne. “Llama poderosamente la atención que la institución que brinda la autorización para importación rompe sus normas”, añadió.

Gneiting aprovechó la entrevista con la 970 AM para revelar que el extitular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal compartía una fundación con los ganaderos Carlos Trapani y Fernando Serrati, la cual manejaba todo lo concerniente a la vacunación anfiaftosa a nivel país: la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundasa).

“El presidente de esta fundación era Trapani. Se unió Idoyaga, que era encargado de la institución fiscalizadora (Senacsa), mientras que Serrati era el proveedor de vacunas”, detalló, señalando que dicha entidad generaba ingresos anuales por vacunación que rondan los US$ 30 millones “sin rendirle cuentas a nadie”.

Sobre este mismo punto, Gneiting indicó que en Paraguay se administran unas 31 millones de dosis de vacuna antiaftosa anualmente. Cada vacuna tiene un costo de aproximadamente G. 2.000, pero Fundasa cobraba más de 5.000 Gs por animal vacunado a Senacsa.

Según manifestó el ministro, los tres denunciantes del supuesto pedido de coima de US$ 500.000 son los que están metidos en el negocio de la vacunación anfiaftosa, incluido el propio Hugo Idoyaga, lo cual desacredita las denuncias realizadas.

“Idoyaga va a tener que responder por su administración en Senacsa”, afirmó Gneiting.

Finalmente, señaló que las instituciones encargadas, entre ellas el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), seguirán dándole un seguimiento al caso y realizando las averiguaciones pertinentes para llegar a una conclusión en el asunto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.