Rodas habló en la 1020 AM y explicó detalles sobre su separación del cargo de superintendente de Salud. Recordó que fue el ministro Julio Mazzoleni el que le pidió vía WhatsApp que renuncie pero que luego de hablar con sus familiares, el comunicó al titular de la cartera que no iba a dar un paso al costado sino que iba a esperar su destitución del cargo.

Sostuvo que le agradeció al ministro por la confianza que le tuvo durante todo el tiempo y que fue nombrado allí luego de haberle presentado un proyecto al presidente de la República Mario Abdo Benítez para crear un estamento de control en los hospitales públicos y privados. Mencionó que lo que deseaba hacer era crear un organismo similar a la Aneaes pero que en lugar de certificar carreras de educación superior, evalúe instituciones sanitarias.

Incluso mencionó que tuvo que dejar de lado actividades que tenía, para desempeñarse como superintendente, pero adelantó que las retomará ahora, luego de quedar desvinculado del Ministerio de Salud.

Sobre los graves problemas existentes en Salud Pública, dijo que solicitó declarar emergencia sanitaria en Asunción y Central, lo cual finalmente no ocurrió. Esto fue parte de un primer reporte entregado al gabinete ministerial.

Posteriormente, elevó otro informe al ministro Mazzoleni sobre el grave estado del Hospital Barrio Obrero de manera a que se realice una auditoría contable y administrativa atendiendo a la estructura de la sede. Sostuvo que este centro médico se encuentra con grave falencias, las cuales incluso hacen que no se pueda prestar un buen servicio e incluso recomendó el cierre parcial del mismo.

En un tercer informe, advirtió sobre las deudas que se mantienen con entidades que realizan el tratamiento y disposición final de los residuos patológicos en el mismo Hospital Barrio Obrero. Dijo que el tema es muy delicado porque el pasivo es caudaloso.

Agregó que las ambulancias funcionan en el hospital “a la criolla”, que existen choferes sin registro y que el hecho de que tenga camilla está sujeto a las posibilidades.

Por todos estos problemas, dijo que solicitó la clausura del Hospital Barrio Obrero no solo por hacinamiento, sino porque la estructura muestra un deterioro crónico.

“Me da la impresión que detrás de cada institución inclusive pobre hay algún padrino que se molesta cuando alguien va y toca algo ahí. En el fondo hay una veta no muy honesta”, expresó en forma tajante Rodas, haciendo alusión pero sin mencionar al ex director del Hospital Barrio Obrero, del Instituto Nacional del Cáncer y que actualmente es viceministro de Salud, Julio Rolón Vicioso.

IPS Y LA LLAMADA

Rodas siguió explicando otros procedimientos encarados por la Superintendencia de Salud. Dijo que mientras se dirigía al Hospital Central del IPS a realizar la intervención en los pasillos del pabellón de Urgencias, recibió una llamada.

“Me pidieron la razón del por qué se iba a clausurar la Urgencia completa”, dijo Rodas quien le aclaró a la persona que se comunicó con él que no iba a realizar una clausura sino que solo iba a intervenir los pasillos donde no debían permanecer pacientes.

Acto seguido, sostuvo que la persona le solicitó posponer el procedimiento. Consultado sobre quién sería la persona, recordó que hizo una promesa de mantener en reserva el nombre pero al insistírsele confesó que es “una persona que está relacionada con IPS”. Al parecer sería la ex autoridad de dicho nosocomio, Benigno López.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.