En una entrevista con el programa “La Caja Negra”, emitido por Unicanal, el periodista especializado en el área de política del periódico estadounidense The New York Times y escritor del libro “Tarjeta roja”, Ken Bensinger, dijo que muchas personas podrían ser llevadas al banquillo de los acusados en los Estados Unidos, al quedar expuesto el modus operandi de cómo se realizaba el pago de soborno para la transmisión de los encuentros deportivos.

“Hay todavía muchos nombres que escuchamos pero que aún no han sido acusados, es posible que se llegue a ellos, hay cosas sueltas en el caso que todavía no se ataron”, refirió. En ese sentido citó a Jack Warner, extitular de Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, quien está siendo requerido por la justicia. Si EE.UU logra extraditarlo, su juicio será “un verdadero espectáculo al estar metido hasta el fondo” en el esquema corrupto y agregó que “aunque no lo crean podría involucrar también a Sudamérica”.

Por otro lado, el entrevistado detalló cómo se han vivido las primeras tres semanas de la segunda parte del juicio del caso que es llevado adelante por la juez federal de Brooklyn Pamela Chen. En ese sentido detalló que el 17 de enero empezó la segunda parte del juicio FIFAgate. Son varios los acusados: el argentino Hernán López y el mexicano Carlos Martínez, quienes trabajaban para 21st Century Fox con los derechos de trasmisión de partidos, y además de los representantes de la agencia argentina de marketing deportivo Full Play.

De acuerdo con la Fiscalía, al parecer estas dos personas formaban parte de un esquema de corrupción al pagar sobornos. Full Play también está acusada de corrupción, y no pudo esquivar a la justicia norteamericana. Ken Bensinger resaltó además que dentro del circuito delictivo figuraba Alejandro Burzaco, expropietario de la empresa Torneos (TyC), una productora de contenidos audiovisual y organización que se dedicaba a la transmisión de eventos deportivos en Argentina. Este fue quien expuso los pormenores de cómo se hacían los sobornos.

Otro testigo clave es el argentino Santiago Peña, un antiguo funcionario en Full Play, que llevaba las cuentas financieras de la empresa y también era el encargado del pago de sobornos a los diferentes dirigentes deportivos de cada país, según recordó el entrevistado. “Él asignaba nombre de marcas de vehículos a las cuentas de cada uno como una manera de código, algunos eran Toyota o Chevrolet”, acotó.

“A través de sobornos conseguían derechos de Copa América y eliminatorias para el mundial. Para los sobornos se usaban nombres codificados para ocultar la identidad de los involucrados. Había varios bancos que permitían el movimiento de dinero sin hacer demasiadas preguntas”, refirió Bensinger.

Hay tres bancos suizos que reconocieron haber estado involucrados en el esquema de sobornos y fueron sancionados con el pago de multimillonarios montos.  “La idea de la Fiscalía es recuperar el dinero del fútbol que fue robado a través de los años”, resaltó el periodista especializado en el caso que expuso el mayor escándalo en el fútbol.

SISTEMA CALCADO EN PARAGUAY

Justamente, el modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tienen muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

El banco suizo Julius Baer acordó con el departamento de Justicia de los Estados Unidos ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar brindando información completa y veraz respecto de todas las operaciones efectuadas con los acusados en la causa FIFAgate y sus herederos.

El Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de US$ 36 millones en sobornos en el caso FIFAgate. Entre los implicados se encuentra el exdirigente de fútbol argentino Julio Grondona, quien dejó millones de dólares a sus tres herederos. En Paraguay, este mismo modus operandi fue utilizado por el exdirigente deportivo Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

En mayo del año 2021 el departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que esa institución financiera admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial. El banco hizo estas admisiones y firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años, plazo en el que se compromete a devolver el dinero ganado por medio del esquema de sobornos y lavado y a la aplicación de estrictos mecanismos antilavado.

Como parte de este acuerdo, el banco acordó pagar más de 79 millones de dólares a la justicia norteamericana (incluida una multa de 43.320.000 dólares y un decomiso de 36.368.400 dólares) para resolver la investigación sobre su participación en la trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.

Entre las autoridades deportivas implicadas aparecen el exvicepresidente de la FIFA y exjefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona, fallecido en 2014. A lo largo de los documentos que presentaron ante la Justicia, los investigadores aluden a Grondona como “Oficial del Fútbol N° 1″ pero aportan los indicios suficientes para identificarlo, como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio de 2014 y dejó tres herederos.

Esquema calcado en Paraguay

Nicolás Leoz también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el banco Atlas propiedad de la familia Zuccolillo.

Según una auditoria forense ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos contratos de fideicomiso entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo. Ambos fueron en febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.

El banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6497 que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.

En noviembre del año 2020, las hijas de Nicolás Leoz ordenaron al banco de la familia Zuccolillo devolver a la Conmebol más de G. 8 mil millones, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó con el exdirigente deportivo. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz.

Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero? Queda además por responder: ¿Cuánto lucró el banco de los Zuccolillo con el dinero sucio desviado por Nicolás Leoz?

El banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz, alegando “secreto bancario”. Los directivos de la entidad financiera enfrentan hace dos años un proceso penal por presunto lavado de dinero. Los directivos del banco se exponen a posibles sanciones penales en Paraguay por el delito de lavado de dinero y el banco es pasible de sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Nicolás Leoz a favor de sus herederas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.