El periodista Joel Corvalán reportó en el canal GEN el escandaloso caso que involucra a unos agentes policiales y una mujer que captaba supuestamente a sus víctimas a través de las redes sociales. “En el Guairá se conformó una sociedad anónima (SA) entre agentes antinarcóticos de la Policía y una señorita que presumiblemente sería trabajadora sexual, ella se llama Fabiola Martínez Acosta, tiene antecedentes por posesión de sustancias prohibidas”, refirió.

El modus operandi, según el reporte periodístico, consistiría en la captación que supuestamente hacía la mujer a través de las redes sociales de hombres con poder adquisitivo. “Esta señorita levanta clientes en las redes, pero no cualquier cliente, tenía que ser un comerciante”, acotó. Tras hacer el levante, presuntamente la mujer llevaba consigo a la cita algunas sustancias prohibidas y a su vez los uniformados hacían una emboscada para poder apretar a la víctima.

Fue así que el viernes último, a las 17:00 horas, un comerciante identificado como Armando Benítez cayó en el engaño tras ser contactado vía redes sociales. La cita estaba prevista en un motel de la ciudad de Villarrica. Lo que desconocía era que los policías de la regional de Coronel Oviedo ya los estaban esperando en las inmediaciones, de acuerdo con Corvalán. “Dos agentes antinarcóticos se trasladaron casi 50 kilómetros para hacer este procedimiento irregular”, explicó el comunicador.

Camino al motel, la camioneta del comerciante fue abruptamente interceptada por otra camioneta sin chapa, ocupada por los antinarcóticos identificados como Cristian Figueredo y Hugo Sanabria, quienes en ese momento debían estar realizando guardia en la sede policial en Coronel Oviedo, no así participando de un operativo a casi 50 km del sitio, de acuerdo con el informe del subjefe Juan Aguirre.

Al momento de interceptar al comerciante, la cómplice tiró su cartera que contenía la droga y se dio a la fuga. Mientras que la víctima se quedó en el sitio pero cuando estaba siendo esposado, en medio del susto y la confusión, logró escaparse de los agentes policiales y cruzó una pileta desecho cloacal que estaba en la zona, además de una zona boscosa, y pidió auxilio a un gomero, quien lo acercó a las oficinas de Investigación de Delitos de Villarrica.

Ante el fallido apriete, uno de los uniformados antinarcóticos de Coronel Oviedo fue hasta la comisaría segunda de Santa Librada para pedir prestada una esposa. “Nos llamó la atención que estaban haciendo un procedimiento en nuestra jurisdicción sin que se haya comunicado y dado participación a nuestra comisaría”, dijo Larissa Mazari, jefa de esa unidad policial, al canal GEN.

Mazari contó que sí dieron la esposa a este agente policial, pero como era muy extraño lo que estaba ocurriendo, se puso inmediatamente en contacto con el personal que estaba haciendo patrulla por la zona, de modo a que pueda seguir al uniformado antinarcótico sin que este se percatara de ello.

“Nuestros policías le dieron seguimiento a la camioneta desde lejos para observar, mis policías se fueron por una calle paralela para no levantar sospechas. En un momento dado, los patrulleros le salieron al paso en una de las calles. Ahí se encontró una camioneta Hilux (propiedad del comerciante), donde mis patrulleros encontraron el suboficial Cristian Figueredo, quien se identificó como antinarcótico y dijo que tenían a una persona demorada pero que en un forcejeo corrió del lugar”, indicó.

Lo que terminó levantando más sospechas fue que estos dos policías antinarcóticos solicitaron a los patrulleros que lleven consigo la camioneta de la víctima a la comisaría de la zona para luego devolver al moderado una vez que sea encontrado. “Eso llamó más la atención porque era un procedimiento que ellos estaban haciendo y no nosotros, siendo que ni sabíamos quién era el demorado y el motivo”, agregó la jefa policial.

Tras hacer las averiguaciones se supo todo el trasfondo. La mujer fue detenida en la vía pública a pocos metros de la comisaría, mientras que los dos policías involucrados quedaron a disposición de la Dirección de Investigación Criminal, y podrían ser sumariados e investigados por Justicia Policial y Asuntos Internos, según mencionó el subcomisario Freddy Amarilla, jefe de la Regional Antinarcóticos de Coronel Oviedo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.