En charla con la 730 AM, monseñor Claudio Giménez, obispo de Caacupé y expresidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), sostuvo que lastimosamente “no se actuó de manera inmediata”, en el caso de los sacerdotes Gustavo Ovelar y Francisco Javier Bareiro, acusados por supuestos abusos contra menores.

“Inmediatamente el Obispo debe tomar cartas en el asunto”, sostuvo y señaló en ese sentido al monseñor de Villarrica, Ricardo Valenzuela, quien reconoció que tuvo los elementos necesarios pero que no los denunció ante la Fiscalía.

“Nos golpea a todos, es una cuestión que avergüenza y duele, porque resulta que es una especie de electricidad que le corre a todos”, dijo Giménez y recordó que estuvo por EE.UU. cuando salieron a luz los casos en el 2000 en Boston, donde se descubrió la complicidad de la Iglesia Católica con los abusos sexuales que cometían los religiosos. “La gente en los aeropuertos te miraba mal, me dio una sensación desagradable en ese entonces”, rememoró.

En cuanto a los casos de los sacerdotes abusadores, argumentó que el proceso termina expulsándolos cuando se comprueba que cometieron los hechos. “En este caso (de los dos paraguayos) se tardó dos años. No se procedió como se debió hacer. (Luego) se dejó en manos de la Fiscalía y ellos actuaron (e hicieron) algo, pero la impresión que tengo es que no se insistió en el caso”, añadió.

Giménez dijo que si se llegó a comprobar la denuncia, los superiores deben sacarlos inmediatamente. “Pasaron dos años y dudo de que se haya actuado con rapidez porque es mucho tiempo”, consideró.

Al ser consultado sobre cómo procedería si un religioso que posee dichas tendencias está en su iglesia, respondió que “si están bajo mi jurisdicción, yo lo primero que le diría es que deje la parroquia y que se haga un estudio exhaustivo de su realidad psicológica. Le mandaría al extranjero a un centro de rehabilitación, en México o Estados Unidos. Tenemos direcciones allí que se ponen a disposición de los sacerdotes”, indicó.

Sobre el motivo que conlleva a los sacerdotes a pensar en un menor como una pareja, el obispo argumentó que “estos casos vienen de la niñez, que fueron creciendo en la persona. La persona está enferma y le cuesta educarse y controlarse. El mal está tan arraigado y cuesta salir de él”.

En cuanto a la falla que existiría, comentó que se debe buscar las causas en las familias y la sociedad. “Hay que ver por qué son así. Hay muchos casos a nivel eclesial, por el deterioro de las familias. Los hijos juegan, al comienzo todo es un jugo, luego es un hábito, luego ya es un derecho; en gran parte se debe al abandono y la soledad de los padres”, detalló.

En cuanto al celibato, Claudio Giménez dijo que “aquellos que quieran replantear si es o no válido, están en su derecho, aunque no va por ahí la cuestión, porque hay muchas personas que no son celibatarias, pero están en la misma cuestión”.

Al consultársele sobre si, por ejemplo, una madre le pide explicaciones sobre un abuso que sufrió su hijo, dijo que la escuchará con suma paciencia y compasión. Luego buscará la forma para ayudarla emocional y espiritualmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.