El platal que se llevan de manera directa cier­tas organizaciones civiles, las famosas oene­gés, algunas que se jactan de anticorrupción mientras se alzan con miles de millo­nes en contratos entre las que aparece privilegiada una entidad satélite del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), sugiere un alto grado de mer­cadeo gracias a la corrupción que se denuncia, por cierto, de manera muy selectiva.

Es así que la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), mane­jada por un grupo de escra­chadores “anticorrupción”, se adjudicó G. 800 millo­nes en setiembre de 2021, es decir, en plena pande­mia, gracias a un contrato que le otorgó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu­ridad Social (MTESS), con la administración de la exmi­nistra Carla Bacigalupo para la ejecución del proyecto “Formación y Capacitación Laboral para Comunidades de Escasos Recursos”.

Cabe remarcar que la Fedem funciona en una pequeña ofi­cina en la zona de Loma Pytã de la ciudad de Asunción, según constatamos con una visita de nuestro equipo. No se sabe de su estructura ni se ven mayores infraestructu­ras para la cantidad de cursos y especialidades que deman­daron los servicios contrata­dos consistentes en los cursos de cocina, albañilería, mecá­nica de motos y electricidad domiciliaria, que figuran en el contrato con el Ministerio de Trabajo. Además de este convenio hay otro de enero de 2021 firmado con el Sis­tema Nacional de Forma­ción y Capacitación Laboral (Sinafocal), también parte del MTESS para cursos de cocina, repostería, corte y confección, cajero en el marco del proyecto “Formación y Capacitación Laboral Online para Comunidades de Esca­sos Recursos”, cuyo monto no logramos identificar debido a que no se encuentra disponi­ble en el portal de rendiciones de cuentas de la Contraloría General de la República.

La Fedem es una de las orga­nizaciones que conforman la Coalición por la Legali­dad del proyecto Más Ciu­dadanía, menos corrupción impulsada por el Desarro­llo (CIRD) y que se dedican a talleres y protestas contra el nepotismo en el Estado, especialmente aquellos que involucran a sus corruptos favoritos. Así también entre las actividades de los antico­rrupción resaltan cuestiona­mientos a la falta de trans­parencia y la impunidad; sin embargo, no se inmu­taron ante la escandalosa repartija del dinero público entre el clan del presidente del CIRD, Agustín Carri­zosa Gubetich, ni la contra­tación de operadores políti­cos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez en las últimas cam­pañas electorales, a costa del sensible proyecto de Reacti­vación Económica Poscovid que costó G. 6.093 millones.

La hija de Carrizosa de nombre Paola Carrizosa Bradshaw; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada Marta María Rojas Aveiro; Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordina­dor del proyecto Más ciuda­danía, menos corrupción, Francisco Darío Alcaraz, inflaron sus bolsillos con proyecto poscovid.

El presidente de la Fedem Miguel Sanabria Irepa es un activo militante anticorrup­ción, se lo ve en redes sociales participando con aliados del CIRD como la oenegé Coor­dinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), la Con­traloría Ciudadana Luque y Somos Anticorrupción.

Otros miembros de la privi­legiada oenegé Fedem con jugosos contratos en MTESS son Hugo Gualberto Váz­quez, Rubén Darío Esco­bar, Mariano Bareiro Soria, todos combatientes contra la impunidad y defensores de la Secretaría Nacional Antico­rrupción cuya eficacia genera muchas dudas.

Desde Nación Media con­tactamos con el presidente Sanabria, quien confirmó los acuerdos mencionados, pero dijo no recordar los montos de las transferencias recibi­das, dónde se desarrollaron los cursos y quiénes fueron los profesionales contra­tados para la ejecución de estos. Al ser consultado sobre la estructura con la que dis­pone la ONG, ya no obtuvimos respuesta.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.