Golpes en las nalgas, palizas, pellizcos, tirones de cabello, latigazos con ramas de árbol trenzadas o golpes con reglas, así como la obligación de permanecer en posturas incómodas son algunas de las formas de castigo físico más frecuentes en Paraguay, donde el 61 % de los menores de edad confiesa haber recibido este tipo de maltrato.

La ley, aprobada la pasada semana por ambas cámaras del Parlamento y que espera ser promulgada por el Poder Ejecutivo, prohíbe este tipo de malos tratos hacia niños, niñas y adolescentes “no con una pretensión punitiva, sino como forma de prevención”, señaló Calvo.

“La idea de que el castigo físico es la única forma de imponer disciplina sigue arraigada en Paraguay. Existe esa cultura de “te pego porque te quiero, te pego por tu bien”. Es terrible que asociemos amor con violencia”, expuso la experta.

Detalló que, aunque la mayor parte de los padres, educadores y otros profesionales repudia las formas extremas de maltrato físico, también tiende a minimizar las formas más moderadas, y no percibe que se trate de violencia.

“Se dice que un chachá (un azote) no es nada malo, y se justifica este uso de la violencia porque se ve como un “correctivo”, como algo leve”, dijo Calvo.

Sin embargo, afirmó que, en la mayor parte de los casos, el castigo físico no consigue hacer que el niño o niña aprenda una pauta de comportamiento, sino que genera obediencia solo por el temor a ser agredido.

Además, la violencia provoca “rabia y enojo” en los adolescentes, y puede llevarles a reproducir estos patrones.

Calvo agregó que la prohibición del castigo físico no significa que no se deba poner límites a los niños, sino que pretende mostrar a los padres que existen formas de educar que no vulneran los derechos de la infancia y la adolescencia.

También pidió capacitar a los maestros, que muchas veces incurren en malos tratos o violencia psicológica, por ejemplo cuando humillan o ridiculizan a sus alumnos frente al resto de sus compañeros.

El 61 % de los niños, niñas y adolescentes de Paraguay manifestó que había sido víctima de violencia por parte de sus familiares más cercanos, según un estudio de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) publicado en 2011.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.