El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas sostuvo que la ley antinarco marca “un antes y después para nuestro país”.

En la última sesión del año, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la normativa que busca atacar los bienes de los narcotraficantes.

“El 100 por ciento de la riqueza incautada de los narcos va a ser destinada a la prevención, rehabilitación y tratamiento de los afectados por las drogas. El dinero generado a costa del sufrimiento social va a servir para reparar ese daño”, expresó.

A criterio de Rojas, con este avance nuestro país definitivamente va transitando por un despertar interesante.

“El ciudadano común dijo basta y las instituciones estamos aprendiendo a hacer las cosas. Hay una política firme del Ejecutivo para luchar contra este flagelo”, enfatizó.

El ministro indicó que a la Senad no le interesa la incautación de sustancias, como un fin último, sino la desarticulación de la estructura criminal.

SENAD EN NÚMEROS

La Secretaría Nacional Antidrogas a lo largo del año 2014 realizó actividades en diversas áreas, en el marco de la lucha contra las drogas. Se destacan acciones en el ámbito de la reducción de la oferta de drogas (operativos, represión), reducción de la demanda de drogas (prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de consumo de drogas).

Se llevaron a cabo operaciones como “HALCÓN”, “NILO”, “VALENTINE”, “SINTESIS”, entre otras, que derivaron en el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al tráfico desde precursores químicos hasta drogas sintéticas.

Fueron detenidas un total de 458 personas vinculadas al tráfico de drogas, de los cuales 4 extranjeros fueron expulsados del país y entregados a sus autoridades por contar con órdenes de captura. Se incautaron, a lo largo del año de 1.645 kilos de cocaína, 575.959 kilos de marihuana, 1000 litros de acetona, 60 litros de ácido clorhídrico, 10,5 litros de ácido sulfúrico, 241 litros de éter, 376 kilos de permanganato de potasio y 531 kilos de fenacetina.

En lo que respecta a bienes incautados se tienen 138 vehículos, entre automóviles, camiones, embarcaciones y aeronaves. También fueron requisadas 147 armas de fuego de diversos calibres.

Cabe destacar la destrucción de 13 laboratorios de procesamiento de estupefacientes, uno de ellos para elaboración de drogas sintéticas. Casi todos se encontraban asentados en zonas fronterizas. También fueron anuladas 3 pistas clandestinas utilizadas por aeronaves para el transporte de cargas de drogas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.