Mirta Evelina Rotela, esposa del excomandnante de la Policía, Francisco Alvarenga, presentó este lunes un incidente de reposición con apelación en subsidio, que consiste en el pedido de la revocación por parte del juez a la admisión de imputación y pedido de prisión preventiva que realizó el Ministerio Público por supuesto enriquecimiento ilícito, en el marco de las investigaciones del negociado con combustible de la Policía Nacional.

Días atrás, el magistrado admitió la imputación y fijó la audiencia de imposición de medidas para el día 30 de julio. Con esto la mujer busca dejar sin efecto dicha comparecencia.

La imputada indicó en su apelación que varios puntos fueron violentados en este proceso, ya que no fue citada a prestar declaración indagatoria por el Fiscal investigador, y tampoco ante el Juzgado, al cual le indicó que solo se limitó a recibir y admitir la imputación y no así a investigar el escrito del Ministerio Público.

Asimismo, Rotela denunció que investigaron su patrimonio a sus espaldas, sin notificarle que estaba siendo investigada por algún tipo de delito. “Me desayuno la noticia por los medios de prensa que estoy Imputada por el Ministerio Público una mañana, y lo que es peor, que se solicitó mi prisión preventiva aún antes ni tan siquiera de ser oída”, dice el escrito.

Aseveró que no existen pruebas contundentes en su contra. “(La Fiscalía) no contó con ninguna prueba contundente mas que pedir informes sobre los bienes que tenemos con mi esposo”, añadió.

“Todos los bienes que hemos adquirido con mi marido fueron adquiridos con dinero legal ganado con el sudor de nuestra frente. Nada hemos comprado con dinero mal habido. Nada hemos adquirido que no sea fruto de nuestro trabajo tenaz y honesto. Todos nuestros bienes están plenamente justificados así como nuestros ingresos. Todo esto se dio por un apresuramiento de los Fiscales quienes sin prueba alguna, me procesan, sin que exista un nexo causal entre mi conducta y el hecho que están investigando”, contó.

Dijo además que esta nueva imputación está “Fuera del Marco de Investigación”, porque “el Ministerio Público se sale del marco de su investigación e investiga a persona como yo, que nada tienen que ver con este convenio o contrato. Ni siquiera soy Agente Policial”, dijo en relación al negociado con el combustible. Agregó que no existe conexidad entre los supuestos delitos que le son sindicados: Lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.