AUDIOS – Esposa del “mago” de Senad ocultó escucha sobre un decomiso montado
Una secuencia de audios provenientes de escuchas telefónicas a los que accedió La Nación Investiga revela maquiavélicos manejos, ocultamientos de grabaciones de perversas maniobras para montaje y simulación de procedimientos antidrogas en connivencia con los propios sindicados narcotraficantes.
En el marco de la operación Aguara se grabaron llamadas donde presuntos narcos ultimaban detalles para montar una supuesta fábrica de marihuana en una colonia indígena hacia Salto del Guairá por pedido de la Oficina Regional de la Senad, que en ese momento estaba a cargo de Abelino Valdez Ruiz. En este esquema de simulacros, omisiones de datos sensibles en investigaciones narco, de vuelta salta el matrimonio de “magos de las finanzas” de la Senad, Natalia Berenicce Bareiro, analista de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) y esposa de Carlos Chamorro, mimado agente de inteligencia que estrenó camioneta de US$ 65 mil con modesto ingreso, quien descarta esta conversación en la que se alude conocimiento del jefe en ese entonces, Abelino Valdez, muy cercano a la pareja.
Los cuestionados agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que tuvieron un meteórico ascenso patrimonial también estuvieron involucrados en supuestos hechos de ilícitos traducidos en simulación de operativos antidrogas armados para verdaderas “campañas institucionales” que, según escuchas, fueron promovidos con cooperación del crimen organizado. En Salto del Guairá idearon montar una supuesta fábrica de producción de marihuana en medio de una colonia indígena para dejar en alto la labor de una base regional.
El mencionado plan, según los audios de las conversaciones de supuestos narcos, sabían en la Unidad Regional que estaba a cargo de Abelino Valdez Ruiz, amigo y compañero de Carlos Francisco Chamorro Portillo, agente destituido de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) por dudoso origen de millonarias compras realizadas, y la esposa del último, Berenicce Bareiro, quien continúa firme como analista en la dependencia donde se hacen las escuchas telefónicas como otras investigaciones de alta complejidad.
Recordemos que estos agentes tuvieron un exponencial crecimiento económico desde sus ingresos a la función pública. Valdez hasta hace una semana era director de Operaciones de la Senad, muy cercano a la ministra Zully Rolón, con inmuebles totalmente subvalorados consignó un incremento patrimonial de 10.769%, pues pasó de declarar patrimonio neto de G. 7.493.500 y un inmueble en San Lorenzo a una acumulación de bienes por G. 814 millones entre los cuales resaltan una lujosa casa con pileta en Lambaré, otra en San Lorenzo, una propiedad en Capiatá y una granja que incluye un complejo de tres inmuebles en zona verde privilegiada que completan aproximadamente una hectárea en Pirayú, además de organizar fiestas lujosas como el quince años de su hija en el salón de eventos La Riviere del Complejo Las Takuaras.
En tanto que Chamorro, el “mago de las finanzas” de la Senad, aumentó 700% su patrimonio y este año estrenó una camioneta Toyota Hilux 0 km, a pesar de que sus ingresos líquidos hasta julio del 2022 no llegaban a los G. 7 millones. Este agente especial ingresó a fines del 2015 a la Senad con un activo de G. 65 millones, entretanto que su esposa Berenicce Bareiro declaró cero activos en sus inicios, también a finales del 2015, pero la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones.
Además, un dato no menos importante es que Chamorro, en diciembre del 2015, al ingresar a la Senad, declaró ser propietario de un inmueble ubicado en el distrito de Capiatá con una superficie de 557 metros cuadrados, cuyo valor era de G. 40 millones. En agosto de este año, su “compadre” Valdez declaró la misma propiedad con la misma cuenta catastral, pero a un costo de G. 8 millones. El precio consignado es una ganga, considerando que los terrenos en Central con medida estándar de 360 m2 cuestan, por lo bajo, 10 veces más.
NARCOAUDIOS
La Nación Investiga tuvo acceso a las escuchas telefónicas realizadas en el marco de la operación Aguara donde el objetivo era el esquema criminal que supuestamente lideraba Jorge Daniel Zorrilla Vera.
La encargada del análisis de las comunicaciones fue justamente Berenicce Bareiro, quien incluso testificó en el juicio oral y público enfatizando que se encargó de la selección de los audios, pero llamativamente en el informe final que SIU/Senad remitió a los órganos jurisdiccionales no incluyó conversaciones que comprometían la integridad de agentes especiales, puesto que se escucha a narcotraficantes coordinar el montaje de una fábrica de marihuana para la campaña mediática de operaciones positivas de incautación de drogas para beneficiar la imagen de la institución.
Según la sinopsis realizada por Bareiro no incluida en su informe final, el 12 de julio del 2018, uno de los objetivos de las escuchas identificado en el documento con alias Chiqui conversa con un HNI (hombre no identificado) y hablan de un trabajo para la Senad. ” Probablemente se trataría de un supuesto hallazgo de droga como trabajo de la regional”, menciona el resumen. En este punto se refiere a la Oficina Regional de la Senad de la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
“Yo tengo unos 150 (kilos), aproximadamente, que ya está todo lacrado”, dice uno de los supuestos narcos en la conversación al que identifican como “Chiqui”, mientras que la otra supuestamente no identificada le insiste: “Para mañana ya es el trabajo”.
Ese mismo día, pero más tarde, los narcotraficantes vuelven a conversar para coordinar el montaje de una fábrica de marihuana en una colonia indígena de la zona y el traslado de la droga para dejar abandonada en el lugar, teniendo en cuenta que “una fabrica’i” es lo que pidieron los antidrogas para poder lucirse.
En los audios se escucha a uno de los sindicados narcos consultar “si van a abandonar unos kilos”, mientras que el otro le responde que “es eso lo que debemos de coordinar, si le vamos a abandonar en el lugar porque ellos lo que quieren es que le armemos algo”, a lo que el otro le pregunta: “Una fabrica’i”, pero mencionan que eso de montar la fábrica es lento.
Aunque en el mismo remarcan: “Hay que hacer únicamente el pedido de leporãto, pero que el problema sería llevar las cosas a la colonia indígena”. Seguidamente se consultan por la cantidad de marihuana prensada y picada que tienen disponible para abandonar y que sea incautada, porque los agentes de la Senad “fabrican lo que quieren intervenir”.
AUDIOS OCULTOS
A pesar de la gravedad de la situación, que representa el contubernio entre elementos del crimen organizado y agentes especiales antidrogas, las secuencias 1008077620 y 1008079010 no fueron incluidas en el informe final que realizó Berenicce Bareiro, que pasó primero por las manos del director de SIU/Senad, Cristian Amarilla, y luego al Ministerio Público y Poder Judicial.
Esto se evidencia en el acta y en las grabaciones del juicio oral y público, donde los abogados defensores de los acusados solicitaron a la analista de SIU/Senad la reproducción de estos narcoaudios, pero esta indicó que no aparecía en los soportes magnéticos.
Incluso, cuando se le consulta por qué en el disco del informe final que realizó no figuraban las mencionadas secuencias, la mujer solamente se excusó diciendo que solamente se transcriben los audios que son relevantes.
“Cuando nosotros hacemos nuestro informe hay un filtro en el sistema y elegimos ahí lo que nosotros marcamos como conversación relevante”, dijo Bareiro durante el juicio al ser consultada del por qué las grabaciones de las escuchas no aparecieron en el CD del informe final.
Seguidamente, la mujer agrega que “en el caso del informe final, uno necesita más tiempo para editar su informe final porque nosotros tenemos que escuchar todas las llamadas y revisar todas las llamadas y poner las que son solamente las más relevantes”.
Es decir, para la analista Bareiro no le pareció relevante la coordinación entre narcotraficantes de un plan de falsa incautación de drogas que, según las escuchas, iba a ser montado por pedido de agentes especiales de la Oficina Regional de Salto del Guairá, que en ese momento estaba a cargo de Abelino Valdez Ruiz, amigo y cercado de su esposo Carlos Chamorro.
Esta situación además imposibilitó que los órganos de persecución penal inicien un proceso de investigación en contra de agentes corruptos e implicados con el crimen organizado.
ACOMODADOS
También es importante señalar que los allanamientos de la operación Aguara, explicaron fuentes de la investigación, se ejecutaron el 1 de agosto del 2018, luego de tres meses de escuchas telefónicas a los distintos objetivos. Tras las detenciones, la incautación de evidencias, y ante denuncias públicas en las que ya trascendían presuntos cobros de coimas, el entonces ministro antidrogas, Hugo Vera, desmanteló la Oficina Regional de Salto del Guairá y ordenó el sumario del jefe de la unidad Abelino Valdez Ruiz y sus subalternos.
Sin embargo, estas personas fueron reacomodadas en puestos de investigación sensible con la asunción del gobierno de Mario Abdo Benítez, quien al designar a Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, estos funcionarios con dudosos manejos como el caso de Cristian Amarilla, que estaba como jefe de SIU y jefe de la analista Berenicce Bereiro, pasó a ser director de Inteligencia de la Senad, y Valdez continuó activo e incluso llegó a ser director de Operaciones. Con Zully Rolón se mantuvieron en privilegiados cargos.
Es también relevante señalar que las pruebas del ocultamiento de los audios que comprometían al personal de la Regional de Salto del Guairá fueron expuestas en el juicio oral y público desarrollado entre el 2020 y el 2021.
Por último, se denota el presunto contubernio entre antidrogas y narcotraficantes para perjudicar a comunidades de nativos, sin importar el alcance que esto pueda significar para una población en estado de vulneración constante.
Claramente para estos agentes del Estado no importaba que pueblos indígenas sean señalados como cooperantes del crimen organizado con tal de que un jefe regional de la Senad se luzca ante la prensa, mediante engañosos operativos que burlan a la ciudadanía.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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