A través una resolución dada a conocer este martes, el INCOOP establece una “medida excepcional de apoyo a sectores afectados económicamente por la propagación del coronavirus COVID-19”.

El documento establece que las cooperativas puedan considerar la situación especial de los socios en mora, cuyos ingresos hayan sido afectados por el riesgo de propagación del coronavirus, hasta el 31 de diciembre.

Así también, permite que la presentación de una solicitud para la modificación de términos y condiciones establecidas en un contrato de crédito interrumpa el cómputo del plazo en mora hasta la nueva formalización de la operación.

La reciente disposición también afecta a las operaciones en cuotas, en las cuales ya no regirá la obligación de cancelar la totalidad de la obligación (deuda), pudiendo acordarse la aplicación de cualquier modificación de términos y condiciones establecidas en los marcos regulatorios. En este mismo punto, se habla de un periodo de gracia de hasta un año para la amortización de capital e intereses.

En el nuevo acuerdo a ser suscrito entre las partes (socio-cooperativa) se deberá aplicar la garantía originalmente constituida si la hubiese, aclara el texto de la resolución del INCOOP.

Igualmente, se autoriza a las cooperativas la posibilidad de diferir los cargos generados por las previsiones a ser constituidas a partir del mes en curso, los cuales podrán ser reconocidos gradualmente en los resultados en un plazo no mayor a 36 meses. En este caso, el saldo diferido deberá ser expuesto en las notas de los estados contables.

El INCOOP habilita a estas entidades a aplicar requisitos mínimos para los socios sujetos a los términos y condiciones establecidas en los marcos regulatorios para cada sector. La aplicación de esta medida no afectará la calificación crediticia del socio.

En otro de los artículos se establece que las cooperativas identifiquen a los socios que serán sujetos de la citada resolución, para lo cual deberán contemplar un registro de socios con la inclusión de los siguientes datos: N° de Socio – Nombre y Apellido – N° de Cédula de Identidad – Saldo de Capital.

Las cooperativas, además, deben aportar los mecanismos y procedimientos necesarios para archivar y resguardar los documentos respaldatorios de estas operaciones, los que estarán a disposición del INCOOP ante un eventual requerimiento.

Como medida transitoria, se establece de manera excepcional que los bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en dación de pago por las cooperativas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 podrán ser enajenados hasta un plazo de 36 meses.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.