Si esto último fuera el caso y el titular del lado paraguayo de la Binacional hiciera caso omiso a la decisión de la jueza, Alice González Delorenzi, se expone a un proceso penal y a una eventual sanción como la pena privativa de libertad de hasta cinco años, en caso de no cumplir con el fallo judicial que le obliga a hacer pública la información sobre el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda.

Cabe recordar que hasta el momento, Duarte Frutos no cumplió con la provisión de información requerida en los plazos establecidos en la mencionada norma. Incluso, después de la disposición dadp a conocer por la magistrada, la EBY continuó sin publicar las rendiciones de cuentas de los gastos de publicidad y transferencias sociales. Hasta la fecha, no otorgó los detalles solicitados hace más de cinco meses.
Lo que hizo el equipo de Yacyretá es levantar a su portal web parte de la información requerida para intentar confundir a la Justicia y a la ciudadanía, con datos parciales que poco a poco van actualizando. A pesar de que la ley es clara, en que debe entregar los datos como se le solicitó en un principio, en este caso, vía correo electrónico, la EBY no lo ha hecho todavía.

Por esto, el pasado viernes 12 de marzo, el Juzgado emplazó por un periodo de 10 días hábiles a las autoridades de Yacyretá a proveer la información sobre el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda, al igual que las rendiciones de cuentas de las transferencias económicas realizadas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante los años 2019 y 2020.

Esta decisión ya fue apelada por el equipo jurídico de Nicanor Duarte Frutos, usando como argumentos que el amparo no es la vía para el reclamo del comunicador y que la magistrada actuó como “investigadora parcialista”, al no haber aceptado el discurso de que todo estaba en la web, que al día de hoy todavía sostienen desde la hidroeléctrica.

En este sentido, hay que recordar que a criterio del Juzgado, la respuesta de Nicanor debió ser más precisa debiendo contestar con la información que le fuera posible conceder y hacer reserva sobre la que no pudiese proporcionar. Las explicaciones de la magistrada coinciden con las del Dr. Raúl Prono, abogado del Grupo Nación, quien actuó en representación de los pedidos realizados por el periodista.

El asesor había dicho que “la Ley de Acceso a la Información Pública viene de una reglamentación constitucional, donde se consagra la libertad de todo ciudadano del libre acceso a la información pública y fuentes públicas y en esta última están definidas las entidades binacionales”. Prono ya había adelantado que no existe ninguna información comprometedora en lo solicitado. “Se trata de gastos, rendiciones o importes, pero como no hubo manera de conseguir esto de forma directa con la EBY, se presentó un amparo”, había manifestado.

La fiscal Lourdes María Soto, agente fiscal de la Unidad Pena 3 de Coronel Oviedo, dispuso la captura y detención de un hincha de Presidente Franco que hirió a una mujer durante la final del Nacional de salonismo.

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Se trata de Gustavo Daniel Barreto Patiño, de 22 años, domiciliado en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Las imágenes de las cámaras captaron al autor de los disparos con hondita. El joven se encontraba en la gradería donde estaba la hinchada de Presidente Franco, ya identificado por la Policía. Varias otras personas sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo, con los balines de plomo.

El criminal acto fue denunciado incluso por parte de personas que estaban con él. Señalaron que resulta evidente que el joven fue con la intención de agredir, ya que contaba con importante cantidad de proyectiles.

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A través de sus redes sociales, Santiago Peña reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de garantizar la libertad de expresión para que los medios realicen su tarea sin impedimentos.

“¡Feliz Día del Periodista! Hoy recordamos el papel fundamental de quienes nos informan y velan por nuestra democracia”, expresó Peña.

La fecha que conmemora el Día del Periodista fue fijada en recordación al primer periódico publicado en el país: “El Paraguayo Independiente” el 26 de abril de 1845,

También un 26 de abril, pero de 1991, fue asesinado por la mafia el periodista Santiago Leguizamón, por informar la verdad a través de los medios.

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Esta semana, el Poder Legislativo fue un escenario hostil para la prensa, cuando el diputado Yamil Esgaib reaccionó de manera agresiva contra dos periodistas, a quienes agarró de las muñecas y arrojó sus respectivos micrófonos.

Todo por la molestia que le generó la pregunta acerca del nombramiento de su hija en la Cancillería con un salario de 21 millones de guaraníes. Tras el exabrupto, la diputada Rocío Vallejo impulsó un proyecto para sancionar a Esgaib con una suspensión por 60 días sin goce de sueldo. Sin embargo, el oficialismo lo salvó.

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Ayer, en un operativo conjunto entre la ANDE, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, se realizó una intervención en un inmueble, ubicado en el Km 14 Monday, ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Este local contaba con un suministro en Baja Tensión a nombre de Ramón Martínez, con NIS 3236093, medidor N°3871845, y presumiblemente se encontraba con conexión directa en Media Tensión con un transformador de 1.000 kVA, ya que no contaba con placa identificatoria al momento de la verificación.

Como parte del procedimiento, la ANDE realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los delitos de “sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos, así como sabotaje”. El fiscal Alcides Giménez encabezó el allanamiento que derivó en la incautación de un total de 476 procesadores de Criptominería, además del mencionado transformador.

Todos los elementos fueron trasladados al depósito de la fiscalía, bajo la responsabilidad del fiscal interviniente. Asimismo, se retiraron aproximadamente 300 metros de línea en Media Tensión, además de la acometida del inmueble.

Según el análisis realizado por la ANDE, el daño patrimonial mensual se estima que alrededor alrededor de G. 270.000.000. Este monto, además de los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberán ser abonados por los responsables.