Algunas de las propuestas del documento se dieron por parte de los alumnos, que plantearon incluir en el proyecto a toda la educación terciaria en general, e incrementar la presión tributaria en sectores como exportación de granos y tabaco, para que puedan cubrir el porcentaje de fuente 30 que las universidades dejarían de recibir.

El diputado Ríos explicó, que hay un acuerdo general y recalcó que en el ámbito financiero es un dato menor en el debate, ya que el Estado está en condiciones de financiar la propuesta que necesita más de 60 millones de dólares.

“Lo que el Estado debe hacer es recaudar un poco más por Iragro, combatir la evasión impositiva y ya tendrá sus más de 60 millones de dólares para financiar a las ocho universidades públicas. No debemos perder de vista que por intereses de los bonos soberanos estamos pagando 107 millones de dólares anuales. Para la gratuidad universitaria necesitamos poco más de la mitad”, expresó.

El diputado Duarte, sostuvo que el proyecto es fundamental para salir del subdesarrollo y habló sobre la importancia de aumentar el 15% el gravamen a los granos, de modo a que puedan enviar un porcentaje de estos impuestos al financiamiento de la educación.

Por otro lado, el viceministro de Educación Superior, Gerardo Gómez, dijo estar de acuerdo con el proyecto, pero que lo económico debe estar previsto en el presupuesto general de la Nación, que actualmente es muy limitado.

Hugo Checo, decano de la Facultad de Economía UNA, manifestó que el proyecto debe ir acompañado de otras medidas adicionales, como una beca integral proporcionada por el gobierno, ya que una persona de escasos recursos debe trabajar para mantenerse y los estudios tienen gastos paralelos como el boleto, comida y otros.

Los miembros de la comisión asesora adelantaron que el tema seguirá en debate y serán realizadas otras audiencias.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.