Los estudiantes secundarios de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa que denunciaron la represión policial sufrida por el estudiante Nelson Maciel tras liderar una manifestación frente a la sede municipal en reclamo de transparencia en el uso de los recursos de Fonacide.

Hoy, Maciel se trasladó hasta la capital para continuar con la denuncia y afirmó que exigen que Pedro Chávez, intendente de Mayor Otaño sea imputado por mal manejo de fondos.

“Exigimos transparencia en la administración municipal en cuanto a manejo del Fonacide, exigimos que el intendente sea imputado por mal manejo del os fondos de Fonacide que ya la Contraloría General de la República lo denunció ante la Fiscalía”, señaló Maciel, dirigente estudiantil del Fenaes en contacto con Universo 970.

Día atrás, Maciel recibió una fuerte golpiza por parte de policías durante la manifestación que mantiene el grupo de estudiantes y además, su madre Andrea Maciel fue despedida del Hospital de Mayor Otaño donde se desempeñaba como limpiadora, contrato que depende del Consejo Local de Salud y este a su vez del a intendencia.

Tras conocerse la situación, el presidente Mario Abdo abogó por la recontratación de la mujer, lo que hasta ahora no se concretó, indicó el joven Nelson.

“Mi mamá trabajaba en el hospital y llevaba 4meses sin cobrar su salario de 700 mil guaraníes, hicieron brazos caídos porque no es la única que no cobra. Mamá recibió una llamada de RRHH de Salud Pública pero hasta el momento no firmó ningún documento, no fue recontratada y siguen con la medida de brazos caídos””, indicó en conferencia de prensa.

Destacó que continuarán firmes con sus compañeros frente a la sede municipal y a medida que pase el tiempo las medidas de fuerza se irán ampliando.

Maciel tiene en su haber 4 demandas por difamación, calumnia y desacato a orden judicial, una del intendente; otra del presidente de seccional colorada Leonardo Sánchez; de la presidenta de la Junta Municipal Jorgelina Vera y otra del concejal Darío Sainger López.

“Sobre las queremos exijo al Estado y al presidente que tomen medidas concretas, que está bien que discurseen a favor nuestro pero que tomen acciones en forma inmediata”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.