Acevedo insistió en el reclamo formulado por su país durante un encuentro con el embajador de Uruguay en Asunción, Fernando Sandin Tusso, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El Gobierno paraguayo acusa a Arrom, Martí y Colmán de haber participado a finales de 2001 en el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, y de ser dirigentes del grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.

El jefe de la diplomacia paraguaya señaló que aguardan una “decisión favorable” de un recurso apelación interpuesto ante la justicia uruguaya, así como de los pedidos de revocación y anulación presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, del que depende la Comisión de Refugiados de Uruguay.

En noviembre pasado, nuestro país manifestó su sorpresa y estableció una protesta ante la embajada de Uruguay después de que en ese país se decidiera mantener la calidad de refugiados a estos tres ciudadanos.

Después de que Uruguay les diera refugio en 2019, los acusados consiguieron asilo en Finlandia, donde viven actualmente, gracias a las gestiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En enero pasado, Martí, uno de los fundadores del partido comunista paraguayo Patria Libre (PPL), denunció a Efe en la primera entrevista que concede en 18 años que en Paraguay “no hay democracia ni estado de derecho”. El secuestrador niega tajantemente las acusaciones en su contra y las considera un montaje del Gobierno paraguayo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo rechazó “categóricamente” las declaraciones de Martí “por considerarlas infundadas, injuriosas y desacertadas” y señaló que no se ajustan a la verdad y van en contra de decisiones adoptadas por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, anunció que elevaría una protesta ante Finlandia y que ampliaría su solicitud de cancelación del estatus de refugiado de los tres ciudadanos. Ese mismo procedimiento seguiría ante Uruguay, agregó el comunicado dado a conocer en enero por la cancillería paraguaya.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.