Paraguay se mantiene con expectativa moderada de los resultados que emitirá el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), acerca de la situación en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), indicó en charla con ABC TV que el 25 de julio una comitiva viajará a Quito, Ecuador, para conocer el informe de la evaluación; mientras que se espera obtener el resultado final a mediados o fines de agosto, según precisó la autoridad.

“Tuvimos ayer una reunión muy importante con todo el cuerpo diplomático, encabezado por el Canciller, para informar sobre el estado en que nos encontramos y las perspectivas que tenemos sobre la evaluación de Gafilat”, refirió.

Arregui reconoció que la evaluación es muy complicada porque posee aristas muy técnicas pero que están confiados en que se pueda conseguir un resultado satisfactorio.

Por otro lado sostuvo que la evaluación es permanente y tendrá todos los casos que vayan saltando. “Hay observadores internacionales que van midiendo la reacción del Estado a algún acontecimiento que surja”, agregó.

EL CASO ATLAS

Uno de los casos que podría poner “en jaque” la importante evaluación es la que involucra de manera directa al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y además salpica al propio Banco Central del Paraguay (BCP) por su completa complacencia con esta entidad bancaria, al no insistir en materia de prevención de lavado de dinero.

Actualmente existen dos hechos puntuales contra el banco Atlas por supuesto lavado de activos. Uno tiene que ver con la denuncia presentada por la Conmebol sobre el dinero sucio que Nicolás Leoz metió al banco de su entonces amigo Aldo Zuccolillo. El segundo guarda relación con una investigación fiscal que detectó una millonaria operación bancaria de Atlas con un testaferro del poderoso narcotraficante conocido como Cabeza Branca.

En el caso de Atlas – Leoz, el banco ignoró señales de advertencia sobre su cliente y autorizó fideicomisos por más de US$ 6 millones. Aquí además ocurrió una situación nunca antes vista y que puede resultar hasta nefasto: la Fiscalía tuvo que allanar la sede del BCP (con una orden judicial) ante la negativa de la Superintendencia de Bancos a proporcionar información relacionada a las operaciones comerciales entre el banco y su cliente Nicolás Leoz.

“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez de garantías Humberto Otazú, quien se allanó al pedido y firmó la orden de allanamiento a la entidad.

Con la actitud del BCP, se notó la falta de colaboración con otro órgano de control, en este caso la Fiscalía.

A eso también se suma que recientemente tomó estado público que el banco Atlas llegó a remitir en el 2013 a la Superintendencia de Bancos un documento, en el que consigna los ingresos de Leoz, para justificar el origen del dinero, pero cometió el error al hacer figurar que Leoz cobraba US$ 20 mil mes como presidente honorario, siendo que en ese año, el dirigente deportivo seguía aún al frente de la Conmebol.

Llamativamente en ese momento el BCP se dio como satisfecho y no insistió en que se presente más documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos de este cliente de alto riesgo. Sino que recién en el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión de este caso.

SOBRE GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.

En caso del incumplimiento en un número importante de recomendaciones y notas, el país evaluado entra a una “lista gris”, que indica a nivel internacional que el país no es cooperante en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.

Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.