Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, fue consultada por la radio 650 AM cómo podría repercutir esta falta de cooperación de un organismo del Banco Central del Paraguay (BCP) con el Ministerio Público en vista a que dentro de poco Paraguay será objeto de escrutinio de los evaluadores de Gafilat.

Si bien la funcionaria no quiso emitir valoraciones sobre el caso en particular, alegó que dicha situación negativa podría tomarse del lado positivo, es decir, verse desde el punto del marco del ordenamiento jurídico, el cual funcionó al dar vía libre a la Fiscalía a recolectar la información.

“Estamos al tanto de todas las investigaciones que tienen que ver con nuestra competencia, estamos trabajando en forma coordinada. En este caso particular, efectivamente hemos mencionado que las alertas funcionaron, en el tránsito que debe seguir para la causa judicial. Lamento no poder hacer una valoración de la situación particular. En todos los casos, cuando el sistema reacciona ante un caso de involucramiento de lavado de dinero, está realizando sus acciones pertinentes en el marco de sus ordenamientos jurídicos. Eso es bueno. Una negativa a buenas a primera representa una mirada negativa, pero hay que resaltar la acción de los órganos jurisdiccionales, es una buena perspectiva”, argumentó.

Pese a haber existido una falta de cooperación entre las instituciones, la entrevistada consideró que no creería que se lleve al extremo la evaluación de Gafilat solo por esa actuación, sino más bien cree que el examen se abocará a indagar sobre si eso se dio de manera repetitiva o no cinco años atrás, periodo en que será evaluado nuestro país.

Destacó además que Paraguay mostró avances en el ordenamiento jurídico y en especial en la evolución del secreto bancario, ya que antes era difícil obtener información de ese sector por las leyes que estaban vigentes, pero que con la modificación hecha en el año 2019 se avanzó mucho y se lograron mejoras significativas.

Consultada sobre si podría jugar en contra de Paraguay este caso, respondió que no se pueden dejar de lado todas las acciones que van saliendo a la luz pública y pueden ser observadas por los evaluadores incluso mediante la prensa. No obstante, reiteró que es importante mencionar que hay muchos otros puntos positivos que pueden ayudar a mantener un buen promedio a Paraguay.

Con relación a qué medidas se tomarán tras este escándalo, precisó que desconoce cuáles serán las acciones concretas, pero garantizó que regularmente las máximas autoridades de las instituciones se reúnen a charlar para ir mejorando las dificultades y vulnerabilidades, tanto con miras a la evaluación como así también el propio desenvolvimiento correcto de las instituciones.

LA VISITA

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará una visita de evaluación a Paraguay, para que el país defienda los avances en materia de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se espera a los evaluadores entre los meses de agosto y septiembre. Durante esa etapa un grupo de expertos vendrá a Paraguay y otro hará el seguimiento desde sus países vía medios telemáticos. Los visitadores tienen previsto realizar entrevistas durante 15 días en el país, para recolectar toda la información a ser analizada. Recién en julio del año que viene se tendrá la conclusión y calificación, de acuerdo con Carmen Pereira.

¿QUÉ ES GAFILAT?

Según describe su página web, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Fue creado con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

La organización regional está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Paraguay.

¿QUÉ REALIZA?

GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de sus 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica, y las evaluaciones mutuas.

A este estudio será sometido nuestro país y consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada miembro del grupo para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El proceso de evaluación conlleva el estudio y análisis del cumplimiento de las 40 Recomendaciones y la efectividad de sus resultados. Esto le permite al país analizado integrarse a la red global de Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF y recibir una calificación de aval.

¿QUÉ PASARÁ SI PARAGUAY NO APRUEBA?

Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos, según precisó a La Nación Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

COOPERACIÓN

En el compendio de las 40 Recomendaciones que serán evaluadas por GAFILAT figura la cooperación y coordinación nacional. En ese sentido los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto debe incluir cooperación y coordinación entre las autoridades relevantes para garantizar la compatibilidad de los requisitos ALA//CFT/CFP con las normas de Protección de Datos y Privacidad y otras disposiciones similares.

Esto no se cumplió en nuestro país en el pedido hecho por la Fiscalía a la Superintendencia de Bancos en el marco del caso Atlas-Leoz.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.