El doctor Héctor Castro reconoció en entrevista con la radio Universo y canal Gen que la situación es muy complicada en este momento, al registrarse vacunaciones irregulares, la escasez de las dosis y la poca gente que acude a los vacunatorios.

El director del PAI afirmó que en estos días se evaluará la posibilidad de bajar el rango de edad a 70 años, por la poca cantidad de gente de 75 y más que está acudiendo a los vacunatorios, pero para ello se tiene que tener en cuenta la cantidad de dosis que hay y las personas que deben recibir la segunda dosis de las vacunas ya aplicadas. El funcionario detalló que hay 220.000 personas mayores a 70 años inscriptas. En tanto que existen 750.000 personas que tienen más de 60 años, por lo que aún ve difícil que sean incluidas en el plan de inmunización, en el corto tiempo.

Respecto a la poca asistencia de los adultos mayores, dijo que “estamos vacunando adultos, que es diferente que vacunar a niños porque los padres son más responsables por sus hijos que su propia salud. Estamos en una pandemia, que acentúa los rasgos buenos y malos. Estamos en una lucha por las vacunas. En las redes sociales uno puede acceder a la información, y muchas de ellas falsas. Repetimos opiniones ajenas sin saber si es cierto. Nos dolemos por el dolor ajeno. Hablar por las personas que piensan distinto es el desafío permanente. Los que emiten opinión contra la vacuna pueden causar mucho daño y pueden causar incluso la muerte de muchos”.

Por último, reconoció que las irregularidades desaniman, pero aseguró que no piensa en presentar su renuncia y subrayó que cuenta con el apoyo de sus jefes inmediatos y en especial de su superior máximo, el ministro de Salud, Julio Borba.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.