María Epifanía Gon­zález, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), fue contratada por el banco Atlas, propiedad de la fami­lia Zuccolillo.

La ex funcionaria había sido muy cuestionada por no avanzar en la investigación del caso de desvío de fon­dos de la Conmebol durante los casi un año que estuvo al frente de la institución. Este hecho hace que resulte llama­tivo su nuevo nombramiento como la responsable del área de cumplimiento y preven­ción de lavado de dinero en el banco de la familia Zucco­lillo, ya que esta empresa era utilizada por el ex titular de la Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol), José Nicolás Leoz, para depo­sitar dinero desviado del fut­bol, según las pesquisas de carácter internacional que condenaron las acciones del extinto mandamás de la orga­nización.

Este medio corroboró el cargo que tiene González ahora mediante llamadas telefónicas al banco donde aseguraron que efectiva­mente ya forma parte de la nómina de empleados. El puesto de la ex ministra de Seprelad en Atlas está rela­cionado al área de cumpli­miento y prevención de lavado de dinero, pero no pudimos comunicarnos con ella, porque en la entidad señalaron que se está ubi­cando y todavía no cuenta con un número de interno.

De un cargo en el que debía combatir el lavado de dinero pasó a una entidad financiera sumida en el escándalo pre­cisamente salpicada por este delito.

Cabe resaltar que este medio intentó tener la versión de la propia María Epifanía, pero esta no contestó a ninguno de los mensajes ni llamadas plenamente identificados. Este comportamiento tam­bién llama poderosamente la atención porque el pasado miércoles volvió a saltar el caso de los desvíos de fondos de la Conmebol debido al alla­namiento que hizo la Fiscalía en la sede central del banco Atlas, y desde entonces la ex titular de Seprelad se llamó a silencio, como escondién­dose de las consultas sobre los trascendidos.

Además de González, la fis­cala Liliana Alcaraz, quien lleva adelante el caso junto con su colega Francisco Cabrera, tampoco ha que­rido brindar declaraciones sobre el hecho.

De acuerdo al propio Minis­terio Público, el allanamiento de los fiscales en el banco Atlas se dio en el marco de una denuncia recibida. “La constitución fiscal fue a los fines de retirar documenta­ciones que son necesarias para el curso de la investi­gación y así también recabar datos. La denuncia fue formulada por la Conmebol en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero”, reza la publicación de la Fiscalía en sus redes sociales.

Cabe recordar que el actual presidente de la Conme­bol, Alejandro Domínguez, había denunciado en el 2017 la conexión entre Nicolás Leoz y su amigo Aldo Zuc­colillo, para desviar fondos del ente mediante el banco que se encargaba de guar­dar la plata del ex presidente del fútbol sudamericano, y durante los más de tres años posteriores, los entes rec­tores, como la Seprelad, no realizaron ningún tipo de acción contra los bancos involucrados. Hasta ahora alegan “reservas” de proce­dimiento para que el caso siga durmiendo.

MEDIOS Y AMISTADES

No hay que olvidar que el banco Atlas es parte del grupo empresarial de la familia Zuccolillo, también propietaria del diario Abc Color, históricamente utili­zado para proteger los inte­reses económicos del clan, por ende el resguardo de la buena imagen del banco Atlas. Pasan completamente desapercibidos para el citado medio los hechos que sacuden a la entidad bancaria.

Todo indica que había bue­nas relaciones con González o ahora se dieron cuenta de sus conocimientos sobre el rubro del lavado de dinero. Sin embargo, además de la ex funcionaria estraté­gica dentro del monitoreo del circuito financiero, al parecer los Zuccolillo como sus leales tienen amista­des clave. Es vox populi en los pasillos del Ministerio Público la amistad y bue­nas relaciones entre la fis­cala Liliana Alcaraz y una de las voceras más antiguas del medio periodístico de la familia. La versión cobra lógica porque la agente del Ministerio Público actúo con demasiada reserva en la constitución en el banco Atlas, cuando los grandes casos como este suelen ser realizados con mucho ruido a través de la prensa.

En el Ministerio Público parecen querer tapar los trámites antes que facili­tar información sobre los hechos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.