Según publica el portal gubernamental IP, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, afirmó que tanto el sector público como el privado han realizado numerosos esfuerzos para lograr un buen resultado en esta importante evaluación.

En ese sentido recordó que se ha aprobado un paquete muy importante de reformas legales necesarias para poder mitigar las amenazas, vulnerabilidad y consecuencias que fueron identificadas en la evaluación nacional de riesgo.

A su vez el presidente de Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y de la Felaban, Beltrán Macchi, afirmó que existe un esfuerzo muy grande, y una conciencia importante de que el lavado de dinero es un mal que debemos evitar y que los bancos están haciendo su tarea en ese sentido.

“El examen es una oportunidad de mejora y yo creo que si miramos para atrás nuestro ecosistema de prevención ha cambiado muchísimo en los últimos tres o cuatro años y creo que hoy estamos a la altura de los mejores sistemas y las mejores regulaciones”, afirmó.

Añadió que en “Paraguay estamos a la altura de los mejores países en cuanto a prevención y creo que el examen va a reflejar eso”.

Así también, el presidente de la Asociación de Bancos y Financieras, Carlos Carvallo, coincidió que el sistema financiero ha hecho un trabajo muy importante para internalizar y adecuar estos estándares y este ecosistema normativo a su funcionamiento cotidiano.

“Todas las instituciones tienen una cultura muy arraigada de que la efectividad en la prevención y el combate al lavado de activos es un tema central en sus actividades diarias”, afirmó.

La evaluación de Gafilat permitirá a Paraguay continuar posicionándose como una economía estable, predecible y segura para el capital nacional e internacional, consideró también Antonio Vaccaro, presidente de la Asociación Paraguay de Compañías de Seguros.

“En la industria aseguradora se generó la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con el propósito de detectar y mitigar los riesgos que pudiera existir en la gestión de las operadores”, explicó.

Finalmente, el vicepresidente de Sectores y Conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo, Benigno López, afirmó que Paraguay ha demostrado en los últimos años que tiene mucha coordinación entre las autoridades y que la mejora legal que se tuvo en estos años va a permitir que, en un tiempo muy cercano, empiecen a haber sentencias más claras con respecto a estos delitos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.