Juan Carlos de Goycoechea, exdirector regional de Isolux, en charla con radio Monumental se refirió a las publicaciones periodísticas en España que hablan sobre la situación de la empresa Isolux Corsán, adjudicada por el MOPC para la obra del superviaducto, y la consultora de Jordi Pujol.

La sospecha es que esta última firma habría operado para “conseguir” el contrato en nuestro país, lo cual fue desmentido por el titular del MOPC, ya que la firma concursó en una licitación entre seis oferentes, fue la segunda mejor oferta, ya que la primera fue descalificada por presentar su póliza en dólares y no en guaraníes.

El entrevistado indicó que durante el tiempo que se desempeñó en el cargo, la única obra que hizo fue la del superviaducto. Aclaró que por una decisión comercial fue separado de la responsabilidad de verificar los trabajos cuando eran ejecutados.

“Creo que hay un tema que excede de largo a Isolux y a Paraguay. Creo que toman versiones periodísticas de diarios españoles de un problema de este señor Pujol, a partir de ahí comienza a construir cosas y desconozco cómo lo colocan”, consideró.

Recordó que desde Madrid le remitieron un poder especial, antes de iniciar las obras, para poder firmar el documento de acuerdo con el MOPC. Indicó que de la ejecución se encargó “directamente la gente de Madrid” mediante la filial de Perú. “Yo me desentendí totalmente del tema”, resaltó.

“Sé que terminaron la obra con éxito. Se ganó por precio y se ejecutó la obra, que se hizo en el contexto de una licitación pública, entre cuatro o cinco ofertas, y la empresa tenía la oferta más barata”, contó.

Además dijo conocer a Ernesto Dos Santos, quien era un comercial contratado desde Madrid en forma directa de Isolux. “Un comercial es el que se encarga en el país de realizar las gestiones, de avisar si hay licitaciones, si hay que comprar el pliego, entre otros”, dijo al momento de acotar que hace más de un año que no conversa con este sujeto.

“En su momento, él fue quien nos adquirió el pliego de la licitación, colaboró en la búsqueda de presupuestos de las empresas locales que debíamos subcontratar, trabajó en averiguar sobre los inmuebles que habíamos que expropiar para la obra, y fue quien nos mantuvo la relación con el estudio jurídico que nos asesoró en la redacción del contrato”, explicó.

En cuanto al supuesto soborno, reiteró que el marco de la licitación fue en una competencia entre empresas y resultó ganador el mejor precio. “Que yo sepa, desconozco en forma total, no participé o vi lo que dicen en las investigaciones de España”, acotó.

Por otra parte, De Goycoechea criticó que el diario ABC Color lo involucra en un soborno en Chile. Al respecto dijo que “no soy imputado ni testigo en esa causa”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.