Varias plataformas, entre ellas el Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud y la sección paraguaya del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), redactaron un manifiesto conjunto para exigir medidas para “prevenir, proteger, castigar, reparar y erradicar” este tipo de actos.

Entre estas medidas reclamaron “la atención integral de las niñas que sufren abusos sexuales y embarazos forzados por violación”.

Pidieron además que las autoridades “garanticen la disponibilidad inmediata y sin dilaciones de la interrupción voluntaria y no punible del embarazo en niñas, debido al riesgo de vida que implica el embarazo precoz”.

En relación con el caso de la niña embarazada de 10 años, cuya gestación prosigue bajo vigilancia médica desde que fuera diagnosticada a finales de abril, las organizaciones exigieron que se preserve su “vida, salud e integridad” y que se escuche su voz de manera apropiada.

Tildaron además de “inadecuadas e insuficientes” las respuestas que desde el ámbito de la Salud y la Justicia paraguaya se dieron a la niña, y pidieron a las autoridades que sancionen a los responsables e impidan la impunidad y repetición de estos abusos.

Por otra parte, criticaron que la madre de la menor continúe en prisión preventiva, acusada de un supuesto delito de “violación del deber de cuidado” y complicidad en los abusos sexuales que el padrastro ejerció contra la niña.

Las organizaciones pidieron el “cese de la desproporcionada e injusta persecución penal” a la madre, argumentando que ella fue quien realizó una denuncia por abusos sexuales ante la Fiscalía en 2014, que resultó desestimada, y fue además la única persona que buscó atención médica para su hija.

Así, solicitaron la puesta en libertad de la mujer debido a que “está en riesgo por las amenazas que recibe en su lugar de reclusión” y, por otra parte, desde prisión “no puede acompañar a su hija ante la difícil situación que está viviendo”.

La madre de la menor ingresó en prisión a fines de abril con el fin de evitar que obstruyera la investigación sobre la violación de su hija, debido a que, según la Fiscalía, proporcionó pistas falsas sobre el posible paradero del padrastro de la niña, señalado como autor de los abusos sexuales a la menor.

El padrastro fue detenido el pasado 9 de mayo, y se encuentra actualmente en prisión.

El manifiesto de las organizaciones sociales paraguayas fue presentado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, celebrado el pasado 28 de mayo, y del Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, que se celebrará el próximo 31 de mayo.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, 684 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz bebés vivos en Paraguay en 2014.

Además, un total de 421 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales en Paraguay en lo que va de 2015, según los datos oficiales presentados esta semana.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.