La Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) manifestó su posición en contra del proyecto y pidió una audiencia con Cartes para exponer al mandatario su argumentación.

El proyecto, aprobado por ambas cámaras del Parlamento paraguayo, fue remitido al Gobierno para su sanción como ley o su veto, y Cartes solicitó esta semana un segundo informe jurídico sobre el texto.

La Codehupy expresó que la titularidad de las tierras donde sucedió la masacre está en litigio entre el Estado paraguayo y los herederos de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Pese a ello, el texto del proyecto acepta que la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia Riquelme, done la finca de Marina Kue al Estado paraguayo.

La Codehupy considera que el Estado, al aceptar esta donación, “asume inapropiadamente que la citada finca es propiedad de la empresa Campos Morombí”, aunque es el Poder Judicial quien debe definir la titularidad del terreno.

Alerta además de que el Poder Legislativo, a través de la aprobación del proyecto, y el Poder Ejecutivo, si llegara a promulgar la ley, ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, en contra de lo expresado en la constitución paraguaya.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos integradas en Codehupy también recordaron que la finca fue donada en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado, que la utilizó hasta 1999 para las prácticas de un destacamento de la Armada, razón por la que se conoce a las tierras como Marina Kue.

Agregaron además que estas tierras fueron declaradas de interés social y destinadas a la reforma agraria por un decreto presidencial emitido en 2004.

Las tierras nunca fueron inscritas a nombre del Estado paraguayo debido, según Codehupy, a ciertas acciones irregulares de varios magistrados en acciones judiciales promovidas por la empresa Campos Morombí.

La Comisión de Verdad y Justicia, por su parte, consideró en su informe de 2008 que se trata de tierras mal habidas, como se conoce en Paraguay a los terrenos apropiados de manera irregular, en especial en la época de la dictadura.

Por todo ello, Codehupy solicitó a Cartes que rechace el proyecto de creación de la reserva, un pedido que también elevaron representantes de la Iglesia católica, como el monseñor Melanio Medina, durante una audiencia con el mandatario el pasado jueves en la residencia presidencial.

La masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado en un violento desalojo de labriegos, provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un controvertido juicio político.

El juicio a los campesinos acusados de la masacre fue suspendido este miércoles por decimosexta vez, después de que los defensores recusaran al tribunal por su presunta parcialidad en la causa.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.