Exigen vetar reserva en tierras de masacre del 2012

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay pidió al presidente, Horacio Cartes, el veto total a un proyecto de ley aprobado por el Parlamento que busca convertir en reserva las tierras donde en 2012 murieron 17 personas en la masacre que causó la destitución del presidente Fernando Lugo.

La Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) manifestó su posición en contra del proyecto y pidió una audiencia con Cartes para exponer al mandatario su argumentación.

El proyecto, aprobado por ambas cámaras del Parlamento paraguayo, fue remitido al Gobierno para su sanción como ley o su veto, y Cartes solicitó esta semana un segundo informe jurídico sobre el texto.

La Codehupy expresó que la titularidad de las tierras donde sucedió la masacre está en litigio entre el Estado paraguayo y los herederos de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Pese a ello, el texto del proyecto acepta que la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia Riquelme, done la finca de Marina Kue al Estado paraguayo.

La Codehupy considera que el Estado, al aceptar esta donación, “asume inapropiadamente que la citada finca es propiedad de la empresa Campos Morombí”, aunque es el Poder Judicial quien debe definir la titularidad del terreno.

Alerta además de que el Poder Legislativo, a través de la aprobación del proyecto, y el Poder Ejecutivo, si llegara a promulgar la ley, ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, en contra de lo expresado en la constitución paraguaya.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos integradas en Codehupy también recordaron que la finca fue donada en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado, que la utilizó hasta 1999 para las prácticas de un destacamento de la Armada, razón por la que se conoce a las tierras como Marina Kue.

Agregaron además que estas tierras fueron declaradas de interés social y destinadas a la reforma agraria por un decreto presidencial emitido en 2004.

Las tierras nunca fueron inscritas a nombre del Estado paraguayo debido, según Codehupy, a ciertas acciones irregulares de varios magistrados en acciones judiciales promovidas por la empresa Campos Morombí.

La Comisión de Verdad y Justicia, por su parte, consideró en su informe de 2008 que se trata de tierras mal habidas, como se conoce en Paraguay a los terrenos apropiados de manera irregular, en especial en la época de la dictadura.

Por todo ello, Codehupy solicitó a Cartes que rechace el proyecto de creación de la reserva, un pedido que también elevaron representantes de la Iglesia católica, como el monseñor Melanio Medina, durante una audiencia con el mandatario el pasado jueves en la residencia presidencial.

La masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado en un violento desalojo de labriegos, provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un controvertido juicio político.

El juicio a los campesinos acusados de la masacre fue suspendido este miércoles por decimosexta vez, después de que los defensores recusaran al tribunal por su presunta parcialidad en la causa.

Fiscalía se desmarca de policía acusado de acoso en evento de la UE

El Ministerio Público recibió una nota de la Unión Europa, donde se comunica que el jefe de seguridad asignado a la Fiscalía fue denunciado por acosar y tocar a una funcionaria extranjera. Emiliano Rolón alega que es responsabilidad de la Policía Nacional.

El Crio. José Luis Noguera Orrego, asignado a la jefatura policial del Ministerio Público, participó del evento “El PAcCto 2.0″ en Panamá, durante el cual, según la denuncia, acosó a una funcionaria de la delegación y hasta la manoseó.

Al respecto, el Ministerio Público comunicó que el comisario pertenece a los cuadros de la Policía Nacional, por lo tanto, la que debe brindar atención es la institución policial.

La Fiscalía reconoce que una nota “descriptiva” del hecho fue enviada el 18 de abril pasado al embajador de la Unión Europea y, posteriormente, de la UE al Ministerio Público, a través de Relaciones Exteriores.

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A esta notificación “se dio atención positiva el mismo día”, mediante la remisión de los antecedentes a la Comandancia de la Policía. Todo lo realizado fue nuevamente comunicado a la UE.

Ante esto, la Comandancia derivó el caso a la división de Asuntos Internos para la implementación de medidas legales. La Fiscalía anuncia que se mantendrá atenta a nuevas peticiones y a la propia denunciante.

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Asunción: vio a dos hombres, corrió pero lo alcanzaron y mataron a balazos

Un hombre de 28 años murió a consecuencia de balazos que sufrió en su vivienda, por parte de sicarios. Ocurrió en el barrio San Ignacio de Asunción.


La victima fue identificada como Jorge Manuel Medina, quien contaba con antecedentes por violencia familiar y robo agravado en el año 2018.

Medina se encontraba en el patio de su casa al momento en que irrumpieron dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta.

Intuyendo la intención de los extraños, el hombre corrió hacia su habitación, pero lo alcanzaron y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego.

El asesinato se verificó a las 00:30 de hoy, martes en 35 Proyectadas y Napoleón Ortigoza, del barrio San Ignacio de la capital. Los intervinientes levantaron algunas imágenes de de circuitos de cámaras de la zona, para intentar llegar hasta los criminales. Se estima que el crimen se encuadra dentro del esquema de “ajuste de cuentas” entre madinales, principalmente ligados al tráfico de estupefacientes.

Este nuevo episodio se verifica luego de varios meses de “paz” instaurada después del desmantelamiento del clan Rotela en la cárcel de Tacumbù, que desde el reclusorio controlana episodios de sicariatos en barrios de bañados de Asunción. Si bien los casos criminales se redujeron drásticamente en la zona, las autoridades policiales sostienen que quedaron varios elementos dispersos de la pandilla Rotela.

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Anuncian 900 viviendas para comunidades indígenas: apuntan a dar vida digna y arraigo

El tercer desembolso de Taiwán para la construcción de unas 900 viviendas para comunidades indígenas es uno de los programas habitacionales dirigido exclusivamente a los aborígenes y que apunta a la dignificación y al arraigo.

El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, habló del tercer desembolso de Taiwán para las viviendas destinadas a las parcialidades indígenas y explicó de qué manera se trabaja con las demás instituciones.

“Este es in trabajo integral en equipo. Antes se reducía a la distribución de tierra, pero para poder generar arraigo, se necesitan las viviendas. A nosotros nos aboca la provisión de una vivienda digna”, expresó Baruja, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Por su parte, el INDI se encarga de informar cuáles son las comunidades con mayor necesidad habitacional y en base a eso, se establece un parámetro de prioridades.

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Además, el diseño de las viviendas se realiza en base a las costumbres y a la cultura, conforme a los conceptos y criterios del INDI. Una vez aprobados, se procede a la ejecución.

“Es un abordaje integral, no es simplemente la construcción de vivienda, sino el entorno los accesos, los conceptos de educación, de salud, para que el arraigo se genere en estas comunidades”, indicó el ministro.

Todos los ministerios y secretarías, entre ellos, Niñez, están incluidos en la misión de que las comunidades indígenas permanezcan en sus tierras y no tengan la necesidad de deambular por la capital en busca de atención.

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