La Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) manifestó su posición en contra del proyecto y pidió una audiencia con Cartes para exponer al mandatario su argumentación.

El proyecto, aprobado por ambas cámaras del Parlamento paraguayo, fue remitido al Gobierno para su sanción como ley o su veto, y Cartes solicitó esta semana un segundo informe jurídico sobre el texto.

La Codehupy expresó que la titularidad de las tierras donde sucedió la masacre está en litigio entre el Estado paraguayo y los herederos de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Pese a ello, el texto del proyecto acepta que la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia Riquelme, done la finca de Marina Kue al Estado paraguayo.

La Codehupy considera que el Estado, al aceptar esta donación, “asume inapropiadamente que la citada finca es propiedad de la empresa Campos Morombí”, aunque es el Poder Judicial quien debe definir la titularidad del terreno.

Alerta además de que el Poder Legislativo, a través de la aprobación del proyecto, y el Poder Ejecutivo, si llegara a promulgar la ley, ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, en contra de lo expresado en la constitución paraguaya.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos integradas en Codehupy también recordaron que la finca fue donada en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado, que la utilizó hasta 1999 para las prácticas de un destacamento de la Armada, razón por la que se conoce a las tierras como Marina Kue.

Agregaron además que estas tierras fueron declaradas de interés social y destinadas a la reforma agraria por un decreto presidencial emitido en 2004.

Las tierras nunca fueron inscritas a nombre del Estado paraguayo debido, según Codehupy, a ciertas acciones irregulares de varios magistrados en acciones judiciales promovidas por la empresa Campos Morombí.

La Comisión de Verdad y Justicia, por su parte, consideró en su informe de 2008 que se trata de tierras mal habidas, como se conoce en Paraguay a los terrenos apropiados de manera irregular, en especial en la época de la dictadura.

Por todo ello, Codehupy solicitó a Cartes que rechace el proyecto de creación de la reserva, un pedido que también elevaron representantes de la Iglesia católica, como el monseñor Melanio Medina, durante una audiencia con el mandatario el pasado jueves en la residencia presidencial.

La masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado en un violento desalojo de labriegos, provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un controvertido juicio político.

El juicio a los campesinos acusados de la masacre fue suspendido este miércoles por decimosexta vez, después de que los defensores recusaran al tribunal por su presunta parcialidad en la causa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.