Al término de la interpelación a José Ortiz, titular de la Conajzar; el senador Jorge Querey sostuvo en charla con la prensa que hay suficientes elementos para llevar el caso ante la Fiscalía, por “alta sospecha de lesión de confianza”.

Criticó que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), mediante una resolución, haya delegado sus funciones a una empresa tercerizada y además haya decidido unilateralmente reducir el cobro de cánones. A su parecer la actuación de su autoridad no resiste un análisis jurídico. “Detrás de esto hay intereses económicos, políticos, empresariales y jefes políticos regionales”, agregó.

“Las máquinas tragamonedas deben ser controladas, pero se contrata sin licitación a una empresa en particular. Se le ocurre la idea a una empresa, se presenta y se le entrega una función inherente a la Conajzar. No solo es fiscalizar, sino además para explotar. No puede estar cobrando canon, sin embargo, la empresa entrega facturas”, cuestionó.

Por otra parte, Querey recordó que el rubro de juegos de azar entrega dinero al Estado mediante los tributos para destinar a instituciones que se encargan de brindar asistencia a las personas vulnerables, pero que esto hace tiempo se vio lesionado. En ese sentido recordó el caso de Mepshow y TDP con la quiniela.

INTERPELACIÓN

Como único punto en el orden del día, se desarrolló hoy la sesión extra en la Cámara Alta para la interpelación al titular de Conajzar, quien se encuentra en el escarnio por censar y regularizar -mediante una empresa privada- las máquinas tragamonedas existentes en puestos que no se dedican a los juegos de azar.

Según la investigación de La Caja Negra, la empresa iCrop S.A. presentó en octubre del 2020 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.