En entrevista con la radio 650 AM, Cecilio Pérez Bordón, exministro de MOPC, dijo que cuando asumió el cargo, en reemplazo de Efraín Alegre, encontró “una institución desordenada” con “tremendas irregularidades”.

Es por ello que, según recordó el ex Secretario de Estado, al instante se puso a trabajar arduamente para organizar todos los aspectos posibles hasta cuando pudo seguir en el puesto. Rememoró que el Gobierno de ese entonces fue defenestrado por un golpe parlamentario.

También coincidió la exministra de Hacienda, Lea Giménez, quien indicó en el programa La Caja Negra (Unicanal) que cuando el cartismo llegó al poder encontró un desorden administrativo, que era el caldo de cultivo para la corrupción.

Criticó que los opositores se “llenan la boca de la gestión pública y el combate a la corrupción” siendo que su “gestión fue de las peores que hubo en la democracia”.

“Esto no es dinero que se robaron nada más, son obras que no se hicieron, personas que se quedaron sin caminos, sin puentes, etc. Cuando no se roba, el dinero alcanza”, arremetió.

Respecto al presupuesto de MOPC de la era Efraín, la exministra de Hacienda reveló que hallaron “bolsones de dinero”, como llamaron a la carencia de datos que permitan saber cómo se ejecutaron los proyectos en ese entonces. “Nadie sabía cómo se usó el dinero, había cero trazabilidad del uso de los recursos públicos”, ahondó.

Destacó que el ministro de la era cartista Ramón Jiménez Gaona pudo ordenar la casa mediante un arduo trabajo de cinco años y consiguió un millonario ahorro para el Estado paraguayo. “En su época se bajó de 1 millón de dólares a 700 mil. Ahí tenés un ahorro de 30% por kilómetro de asfalto, es un platal, esos 300 mil dólares adicionales por kilómetros de ruta es el dinero que se encuentra en el informe de auditoría. Este es el dinero que se embolsaban alegremente en este periodo (de Efraín), sin ruborizarse aparentemente”, explicó.

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EL INFORME CAJONEADO

Un lapidario informe elaborado por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) durante la gestión de Fernando Lugo revela que Efraín Alegre manejó el MOPC como un “boliche”. La auditoría nunca fue revelada y debió ser remitida a la Procuraduría General de la República. El documento señala un perjuicio por valor de US$ 37 millones cometido por Efraín Alegre al frente del MOPC. Se descubrieron casos de planillerismo, obras paradas, rapiña de combustibles, maquinarias, licitaciones amañadas y otras perlitas. Lugo echó a Alegre del MOPC tras enterarse de la feroz tragada de dinero que se venía realizando.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.