De los 1.750.000 clientes que posee la Administración Nacional de Electricidad, 950.000 se verían beneficiados con la medida aprobada el martes en la Cámara de Senadores. De aprobarse también hoy en Diputados y luego contar con el aval del Poder Ejecutivo, implicará que el 50 % de los usuarios deje de pagar por el consumo de la electricidad durante los meses de marzo, abril y mayo.

En entrevista con radio 730 AM, el titular de la ANDE, Luis Villordo, remarcó que esta medida, a la cual calificó de sin precedentes, “le beneficia solo a una parte de la clase media, a la más vulnerable”.

“La energía eléctrica es fundamental para la recuperación. Tenemos que ver el alcance. Tenemos que encontrar los mecanismos para que el pago sea sostenible en el tiempo y que las finanzas no sean afectadas”, indicó.

Villordo sostuvo que la medida significará que la ANDE deje de percibir 15 millones de dólares al mes. Esto repercutirá fuertemente en la parte administrativa y financiera de la institución, en atención a que la misma tiene compromisos asumidos y debe cumplirlos.

El titular de la institución eléctrica mencionó que deben pagar 44 millones de dólares al mes a la Itaipú Binacional por el suministro energético y que para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) deben destinar otros 15 millones de dólares mensualmente.

“Nosotros tenemos compromisos, una cadena de pago por la compra de energía. Las binacionales tienen una cadena de pago de vencimiento también. Si bien las binacionales ayudan al país en medio de la crítica situación actual, esto excede la capacidad de ellos. Tendremos que evaluar el impacto final conforme a salga el proyecto en Cámara de Diputados. Tenemos que encontrar los mecanismos para sostener en el tiempo y la ANDE no se vea afectada negativamente”, argumentó.

Villordo instó a la gente que sí pueda pagar su consumo energético, que lo haga, así podrá ayudar a aquellos que más necesitan.

Sobre la situación de aquellos clientes que consumen más y que podrán refinanciar su factura, el entrevistado mencionó que de igual manera afectará al flujo de la caja de la ANDE. A su parecer, el 40 % de todas las personas que puedan refinanciar, sí tendrán la capacidad de pagar al contado. “Todo buen ciudadano debe honrar sus compromisos. Los industriales tienen reservas. Le damos la oportunidad de pagar menos, entonces podrán honrar sus compromisos”, acotó.

“No tenemos ninguna experiencia en este escenario. Hemos tratado de adivinar cuál será el comportamiento de cada uno de nuestros clientes. La situación es atípica y es imposible saber cuál será el escenario y los requerimientos que adoptaremos en la ANDE”, puntualizó.

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis instó a los diputados a elevar el tope de 500 kilovatios a 1.000, de modo a que la exoneración alcance a los clientes que pagan hasta aproximadamente 550.000 guaraníes al mes. Aseguró que con esto la ANDE no quebraría y además puede negociar el costo de la energía con las binacionales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.