Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC, en entrevista con Radio La Unión sostuvo que la implementación del voto electrónico en nuestro país podría poner en riesgo el artículo 118 de la Constitución Nacional que habla sobre el secreto del voto.

Sobre este punto, explicó que el secreto del voto guarda relación con el hecho de que el elector tenga la certeza de que los encargados de mesa o cualquier otra persona no sabrá por cuál candidato votó durante el sufragio.

“Hoy necesitamos que ese proceso no se digitalice porque es el proceso que más bien funciona dentro del sistema de elección”, indicó al hacer referencia sobre la digitalización del voto.

La experta manifestó que la utilización de urnas electrónicas también podría acarrear otros riesgos como la posibilidad de vulnerar el sistema con algún mecanismo para identificar al votante y qué opción eligió, lo cual a su vez podría acarrear algún tipo de represalia.

Citó el caso de Venezuela en el que se implementa esta modalidad incluyendo la identificación biométrica del votante y aseguró que este mecanismo podría ayudar a saber más fácilmente quién votó, a qué hora y por cuál candidato.

“Implementar el sistema de voto electrónico supone renunciar a un control ciudadano de este proceso electoral en pasos esenciales. La gestión electoral, la determinación de los resultados deben ser comprobados por los ciudadanos de manera fácil y confiable”, refirió.

Sequera admitió que no se debe confiar del todo en las tecnologías debido a que las mismas son muy vulnerables y no existe una que sea 100% segura. “El voto electrónico se puede vulnerar de cualquier manera, tanto desde la empresa que crea el software o del Estado si sabe cómo está el código”, agregó.

A su criterio, en caso de que se llegue a implementar este mecanismo se debería auditar el código de cómo fue creado el software de las urnas, de manera a determinar si no se incluyó algún malware malicioso que pueda afectar los equipos y vulnerar los resultados.

En algunos países en los que ya se llegó a implementar el voto electrónico como Alemania, Dinamarca u Holanda, entre otros, se tuvo que retroceder en esta idea debido a que demostró que había vulneraciones del voto y que se podía llegar a hackear el sistema, según mencionó la directora ejecutiva de TEDIC.

Teniendo en cuenta estos aspectos, desde esta ONG que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales en favor de una cultura libre en Internet abogan por no implementar las urnas electrónicas como parte de la propuesta de desbloqueo de listas sábanas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.