La organización Desarrollo en Democracia a través de su espacio Plaza Público, conversó con los especialistas del sector energético Héctor Richer y Victorio Oxilia, bajo la moderación de Yan Speranza, teniendo en cuenta el mandato de la revisión del Anexo C del Tratado y la cancelación de la deuda.

En este sentido, hablaron de diferentes escenarios a ser definidos entre ambos países, entre los que mencionaron que Itaipu siga siendo una entidad netamente generadora de energía, pero que si se sigue a rajatabla la tarifa tendería a caer aún más. Otra es la de incluir dentro del Anexo C nuevos conceptos para cubrir el espacio que dejó la cancelación de la deuda dentro del costo o directamente optar por la creación de un Fondo de Desarrollo en función a la tarifa. También podría llenarse ese espacio con el aumento de royaltíes y resarcimiento o bien incluir otros conceptos de inversiones, no solo dentro de la entidad; podría ser en el sector eléctrico de ambos países.

“Considero que es un momento muy propicio para adecuar los instrumentos, el Tratado y sus anexos; buscando adecuar los mismos a los nuevos tiempos, a las exigencias y buscando siempre mejores beneficios para el Paraguay”, sostuvo Héctor Richer, expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y exmiembro del Consejo de Administración de Itaipú.

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Asimismo, señaló que el próximo año Paraguay y Brasil podrían disponer aproximadamente USD 500 millones cada uno para inversiones sociales en caso de que acuerden mantener la tarifa actual, aunque todo dependerá de las negociaciones políticas que encaren los gobiernos dueños de la hidroeléctrica.

Aclaró que el dinero disponible resulta de la cancelación de la deuda de la binacional en febrero de este año. De hecho, por acuerdo político entre las partes, para el presente ejercicio Itaipú presupuestó USD 818 millones en concepto de gastos socioambientales, aprovechando la brecha que dejó el desendeudamiento. Mencionó que la tarifa actual de la energía producida por Itaipú es de 16,71 dólares por kilovatio. Mientras Brasil presiona año a año para bajarla, Paraguay tiene la posición de mantenerla en 22,60 dólares por kilovatio, para poder distribuir el dinero en inversiones sociales. En los años 2022 y 2023 se acordó una tarifa intermedia.

REVISIÓN DEL ANEXO C ES OBLIGATORIO

En tanto se alcanzan estos consensos al interior de la binacional, los gobiernos están obligados a sentarse a negociar los nuevos términos del Anexo C, que en su Numeral 6 establece taxativamente: “Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas, después el curso de un plazo de 50 años a partir del ingreso en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”, señaló Richer al tiempo de aclarar que la revisión no exige precisamente una modificación.

Pero es importante apuntar a que Itaipu sea una entidad destinada al desarrollo de ambos países, señaló. “Lo estoy escuchando a nuestro presidente Santiago Peña y creo que también el presidente Lula se ha manifestado así. Nuestro Presidente dice que las conversaciones que ha mantenido (con Lula) tienen una visión en común de que Itaipú tenga en el futuro ese rol”.

Richer considera que si esta es la opción que se tendrá en cuenta, se debe negociar el Anexo C llenando la brecha que se originó por la cancelación de la deuda con nuevos componentes.

En cuanto a la posibilidad de aumentar el plus que recibe Paraguay por cesión de energía, dijo que esa opción está relacionada con la adecuación del artículo 13 del Tratado, que – a su criterio- actualmente obliga a ceder a Brasil la parte de la energía que nuestro país no utiliza. Dicha adecuación podría ser eliminar el concepto de cesión, de modo a que el país alcance la anhelada “libre disponibilidad” para exportar su energía excedente; o, de última, mantener la posibilidad de ceder, en caso que los precios de exportación sean menos convenientes para el país.

USO TRANSPARENTE DEL DINERO

Para el doctor en Energía y ex titular de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Victorio Oxilia, lo más conveniente es terminar la negociación siempre con dinero en el bolsillo. “Toda vez que el gasto de ese recurso adicional sea totalmente transparente para la población, es decir, si no va a ser transparente, prefiero que baje la tarifa. Ahora, si va a ser transparente, más vale que se mantengan esos 500 millones de dólares, porque puede entrar como un recurso para financiar proyectos de infraestructura, proyectos sociales e inclusive proyectos que pueden interesar a ambos países”, recomendó.

Oxilia considera que los recursos destinados a inversiones sociales deberían ingresar al Presupuesto General de la Nación, de manera a tener un mejor control sobre su uso. Al respecto, indicó que una parte podría ir a la ANDE para inversiones en el sector eléctrico paraguayo, que necesita una inyección de USD 10.000 millones en los próximos 10 años, tres veces más de lo que se destina actualmente.

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“Este Gobierno tiene que decidir con relación a la generación de electricidad. La holgura que teníamos con Itaipú y Yacyretá va a dejar de existir en corto plazo, entonces ya hay que tomar decisiones en este gobierno sí o sí”, alertó.

Señaló que la energía de Itaipú continúa siendo estratégica para Brasil, a pesar de que su participación en el sistema eléctrico del vecino país bajó del 20% al 9%. Manifestó que más allá de la tarifa de Itaipu, que para Brasil es cara, para los agentes del mercado brasileño es importante la previsibilidad de cuánto dispondrán de la energía de la binacional, atendiendo al crecimiento de la demanda del mercado interno paraguayo.

ESTAR UNIDOS Y TENER UNA VISIÓN COMPARTIDA

Entretanto, Alberto Acosta Garbarino, titular de DENDE, señaló que la firma del Tratado de Itaipú se constituyó quizá en el segundo hito más importante de la historia del Paraguay, después de la Guerra de la Triple Alianza, ya que posibilitó que nuestro país pueda contar con energía para desarrollarse. Indicó que en esta etapa de revisión del Anexo C deberíamos estar unidos para lograr una mejor negociación. “Debemos analizar con serenidad y con mucha inteligencia, porque vamos a negociar con un país mucho más grande que nosotros, con mucho mejor preparación en materia diplomática para este tipo de negociaciones y deberíamos estar unidos, pero para estar unidos tenemos que primero tener una visión compartida”, expresó.

Finalmente, Yan Speranza manifestó que, en vez de una negociación anual, la definición de la tarifa podría hacerse cada tres años o más. “A Paraguay le conviene tener la disponibilidad de una renta energética, pero es una decisión nuestra de que la utilicemos de manera clara transparente y de impacto en el desarrollo”, aseveró.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.