Según un informe de la Facultad de Medicina de la UNA, existen varios estudios que demuestran que el cigarrillo electrónico se está vendiendo como producto inofensivo a la salud pero que se observan efectos dañinos a corto plazo, no solo en los usuarios sino también en los fumadores pasivos, que no fuman pero aspiran el humo.

La Dra. Coronel explicó que no hay evidencia científica que sirva fehacientemente como para dejar de fumar cigarrillos convencionales y optar por los electrónicos.

Si bien no se genera el humo habitual con las mismas sustancias que produce el cigarrillo convencional, expresó que el electrónico libera un vapor caliente que es absorbido por los pulmones y resulta igualmente muy dañino.

“Los cigarrillos electrónicos que fueron de los de la primera generación eran muy semejantes a los cigarrillos convencionales, en cuanto a la forma. A medida que fue avanzando con el tiempo hoy ya están en el mercado los de cuarta generación; que tienen voltaje mucho más alto, calientan el líquido del cigarrillo electrónico a temperaturas más altas y a medida que se calientan, los componentes generan más sustancias nocivas, por lo que es muy importante saber sobre lo que uno decide consumir con la idea de abandonar el hábito del vicio”, señaló.

Expresó que si bien existe un atractivo en este nuevo artículo, su fragancia, esta podría causa la muerte a un infante si llegara a aspirarla.

“Hasta ahora no se ha demostrado su eficacia ni su seguridad para el uso terapéutico y tampoco se ha probado que sirva como medicamento de primera línea para dejar de fumar, porque principalmente el cigarrillo convencional genera varios tipos de dependencias como la física, que es producida por la adicción a la nicotina, la dependencia psicología y la social”, explayó.

Este jueves 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Las personas que quieren dejar de fumar pueden acudir a la Cátedra y Servicio de Neumología del Hospital de Clínicas donde recibirán la orientación al tratamiento para el efecto.

Señaló que los cigarrillos electrónicos sí tienen nicotina y que no sirven para dejar el vicio porque no se quiebra el ritual mano-boca. “El solo hecho de llevar el cigarrillo a la boca forma parte del vicio. Entonces tampoco se rompe el pilar psicológico y menos el social porque ha ido en un grandioso aumento en los últimos años, todo lo que refiere a la publicidad, promoción y patrocinio del cigarrillo electrónico”, concluyó.

Actualmente se encuentra en etapa de formación el consultorio de cesación tabáquica multidisciplinaria, un espacio donde el paciente podrá expresar sus ganas de dejar de fumar y solicitar asistencia para lograrlo.

El tratamiento incluye un medicamento cuya acción se ve progresivamente actuando sobre las ganas de fumar e inhibiéndola, pero lo más importante en este tipo de tratamiento es la voluntad para dejar de fumar.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.