“No puedo evitar pensar en el agudo contraste que presenta este Paraguay pujante, vigoroso y alegre que vemos en este predio ferial y esa otra imagen deslucida, estéril y deprimente que nos ofrece el escenario político en los últimos tiempos. Por un lado, un país pujante y competitivo que apunta a superar los desafíos que nos imponen las nuevas generaciones; por el otro, esa clase política anquilosada y apegada a sus vicios, aunque asoman algunos sectores, aun minoritarios, que quieren traer nuevos aires a nuestra institucionalidad democrática”, expresó Volpe en su discurso.

Sostuvo que al desequilibrio monetario de Argentina y Brasil se suma una frontera común “altamente permeable” al contrabando de mercaderías ilegales. Indicó que en estos días se vio un “saludable intento” de intervenir locales e incautar mercaderías en lugares donde pulula la informalidad. Auguró que esa actitud se mantenga de forma permanente para incentivar el comercio formal.

“Pareciera que nuestros compatriotas han aprendido a convivir con el contrabando y la informalidad. Consideran que esos males son una ventaja, ya que les permiten obtener productos de consumo a precios más bajos, y así hacerlos más accesibles a los pobres. Pero esos mismos pobres que se alimentan a menor precio, sufren las carencias de los servicios de salud, educación y otros que deben ser provistos por el Estado de forma precaria y deficiente, por falta precisamente de los recursos que se pierden en la evasión fiscal”, sostuvo.

Recordó que para dar un combate más efectivo al contrabando, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) propuso cambiar la tipificación penal del contrabando de delito a crimen, pero sólo una minoría de los diputados votaron por el tratamiento de ese proyecto. Con ese cambio, la pena prevista iba a pasar de multa a prisión, con lo cual consideró que la votación muestra que no hay voluntad real de combatir ese flagelo.

Dijo que miembros del nuevo equipo económico descartaron la posibilidad de aumentar impuestos y que resultaría casi grotesco que se propongan un incremento de los tributos, en presencia de un “gigantesco derroche de los fondos públicos”, que hace rato conocemos, pero que han estallado con más vigor en los últimos meses.

“Sirva como ejemplo el bochornoso privilegio que se han adjudicado los legisladores con las jubilaciones privilegiadas, los pines de oro y otras prebendas indebidas, como los cupos de combustibles y el derecho a designar nuevos asesores, sin desprenderse de aquellos que han dejado los parlamentarios salientes, sumando así al exceso de funcionarios del Poder Legislativo”, remarcó.

Volpe sostuvo que la generosidad con el dinero ajeno es algo que quienes ostentan el poder consideran como un “derecho adquirido” y “consustancial” al cargo.

Puntualizó que todas las entidades públicas están pobladas por legiones de “planilleros” que se destacan por marcar horarios de entrada y salida y dedicar el resto del tiempo a sus propias actividades. “Esta situación se agravó durante el gobierno populista del Frente Guasú, cuando se aprobó un sustancial incremento en las remuneraciones públicas, sin mirar la proyección de los ingresos en el futuro”, argumentó. Recordó además que con el cuento de combatir la pobreza, en el gobierno de Fernando Lugo se repartieron cientos de miles de planes sociales que son -según consideró- son dádivas que no solucionan el problema de la falta de trabajo, pero alivian la mala conciencia de sus propulsores.

Manifestó que en los últimos meses del actual gobierno, parece haberse desatado una “carrera desenfrenada” para cerrar contratos y concesiones. Indicó que los nuevos se encontrarán entonces con una maraña de conflictos que les llevará al menos un año desentrañar.

“Algunos de esos contratos pueden terminar en empresas de nuestro gremio, subcontratadas por las famosas ‘empresas de maletín’, que se crean con el exclusivo propósito de ganar concursos inflando los precios, sin capacidad operativa para ejecutar sus compromisos por lo que tienen que acudir a empresas reales que lleven a cabo los trabajos, por una fracción de lo que perciben aquellas que sólo cuentan con un nombre, una escritura constitutiva y a veces ni siquiera una oficina mediamente equipada. Quienes figuran como propietarios son casi siempre empleados de escasa preparación de los verdaderos dueños, por lo que aquellos terminan expuestos a demandas judiciales o hasta a penas privativas de libertad”, acusó.

Volpe remarcó que la UIP insiste en atacar la informalidad tan arraigada en nuestro país, contener el gasto público, exigir calidad, profesionalismo y eficiencia en la función pública, implantando una estricta selección y ascensos por méritos y no por favores políticos.

Indicó que en el gobierno saliente se incrementó notoriamente el endeudamiento público, aunque todavía se mantiene en niveles aceptables. Sostuvo que aplauden el hecho de que esos préstamos se hayan destinado a inversiones en obras de infraestructura que contribuyen a dinamizar la economía y mejorar la competitividad del país, así como el acceso de sus habitantes a servicios de calidad.

Dijo que es necesario mejorar la eficiencia en la contratación y ejecución de obras públicas, privilegiando a las empresas nacionales, ya que casi invariablemente dichas obras afrontan atrasos que se deben a aspectos que son típicos de la burocracia estatal y que deben ser subsanados.

“Nos hacemos eco también de una inquietud que permea a todas las capas ciudadanas, en las ciudades y en el campo: se trata de la inseguridad física que nos amenaza a todos. Está la delincuencia urbana, la de los ‘peajeros’, ‘motochorros’ y otros ejemplares de la fauna delictiva, como las bandas criminales fuertemente armadas y altamente sofisticadas, que protagonizaron violentos asaltos el año pasado. Pero también está el EPP, que todavía mantienen en su poder a personas secuestradas, y que acecha en el norte, sin que las fuerzas del orden hayan logrado capturarlos. Y más allá de todas ellas, la más sangrienta y peligrosa mafia del narcotráfico, que indudablemente tiene sus tentáculos en las otras variedades del delito y que tiene conexiones con mafias extranjeras”, sostuvo.

Dijo que la UIP coincide en los reclamos de una reforma constitucional pero instó a aprender la lección de que un texto escrito, por más perfecto que sea, no garantiza el cumplimiento a lo largo del tiempo cuando cambian las circunstancias y los actores principales.

El discurso de Volpe fue pronunciado ante autoridades electas, salientes e incluso cabezas de otras entidades.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.