En entrevista con el canal GEN, el abogado penalista Ricardo Preda expuso que el proyecto presenta groseros errores que denotan que fue redactado por “gente que no tiene la más pálida idea de la técnica legislativa y de la sistemática del Código Penal”.

“El proyecto es un disparate, creo que no va a prosperar en la Cámara de Senadores porque es inaceptable. No tiene sentido porque la reparación del daño ya está reglado, está en el Código Penal”, consideró de manera tajante.

Citó como primer error que se haya colocado que esta reducción de la pena podrá aplicarse a “hechos punibles contra el erario público”.

HECHOS PUNIBLES CONTRA EL ERARIO

En ese sentido expuso que en el Código Penal se denominan hechos punibles contra el erario público: la evasión de impuestos y la adquisición fraudulenta de subvenciones. “No creo que esos diputados hayan pensado en esos hechos punibles cuando pretendieron incorporar este inciso. Creo que ellos estaban pensando en perjuicios patrimoniales causados por funcionarios públicos en el marco de sus funciones en el Estado”, explicó.

Ahondó que el proyecto más bien pudo enfocarse en la lesión y estafa, hechos punibles contra el patrimonio del Estado.

FUNCIONARIO NO ES IGUAL QUE FUNCIONARIO PÚBLICO

Otro error encontrado por Preda es que, en el Código Penal Paraguayo, la palabra “funcionario” no tiene la misma acepción que en el derecho administrativo.

“En el derecho administrativo, funcionario público es todo aquel que reciba un salario del Estado y que está básicamente vinculado a la ley del presupuesto. Para el Código Penal, la palabra funcionario significa que todo el que ejerza una función pública no necesariamente puede ser un funcionario público. Por ejemplo, cuando se autoriza una escritura pública, la persona está ejerciendo una función pública, es decir, el Estado delega en el notario la facultad de dar fe sobre hechos acontecer ante él”, explicó.

EL PORCENTAJE

También la reducción del 50% es otro de los errores detectados por el abogado penalista. Atendiendo lo anterior a que la forma de las penas se da en fracciones, no así en porcentaje. “Lo que estos diputados tuvieron que haber hecho en todo caso es colocar que la pena se reducirá a la mitad. No usar el 50 %”, resaltó.

DEVOLVER EL DINERO

Sobre la devolución del dinero, tal como se incluyó en el proyecto, el entrevistado indicó que en el Código Penal se establece que la devolución es la reparación del daño. Y cuestionó que la propuesta no incluye una reparación integral del daño ocasionado. Ejemplificó que si un administrador causa un perjuicio de 1.000 millones de guaraníes, devolver ese monto sería la reparación del daño, pero si se quiere reparar integralmente el daño, se debe devolver ese monto y sumarle los daños colaterales, como los intereses que se pudieron haber generado (multas, recargos por mora, etc.).

PRIVILEGIOS

Sostuvo que desde punta de vista conceptual de una atenuación obligatoria es “más absurdo e inaceptable”, al preguntarse por qué un funcionario público va a tener un privilegio frente a un particular cuando en realidad la conducta del funcionario público en sí misma luego ya es más grave por el cargo que ocupa.

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Durante la sesión extraordinaria del miércoles, la Cámara Baja trató en uno de sus puntos del orden del día el proyecto de ley que plantea la modificación del artículo 67 del Código Penal Paraguayo.

Lo que se pretende es que aquellos funcionarios procesados por hechos de corrupción logren una reducción de hasta el 50% de la pena del marco penal máximo en caso de devolver el dinero defraudado al Estado. De esta manera, si la condena aplicada a algún funcionario o autoridad procesada por hechos punibles contra el erario público es de 10 años, la pena carcelaria podría reducirse a solo 5 años, por citar un ejemplo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.