Los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Alejandro Cardozo Pereira y Alicia Sapriza, quienes representan al Ministerio Público en el Juicio Oral, continúan la sustanciación, y en la fecha fueron expuestas las pruebas documentales. Entre las evidencias fueron presentados videos inéditos, relacionadas al caso. Expusieron las filmaciones del día del hecho donde los autores se grabaron mientras quemaban vivos a algunas de las victimas.

Estas 24 personas fueron acusadas del presunto hecho punible de Homicidio Doloso, ocurrido en el Penal de San Pedro el 16 de junio del 2019 y derivó la masacre donde fueron decapitados 9 reclusos, tras el conflicto entre miembros del PCC y Clan Rotela.

Los acusados en la causa “Ministerio Público c/ Freddy González del Valle y otros S/Homicidio Doloso y Otros” son: Fredy González Delvalle, Oscar Diosnel Villar Bobadilla, Vagner Alexandre Knorst, Leonardo Alfonzo López Carballo, Lorenzo Benítez Sosa, Junior Rolando Báez Garcete, Cristobal Gamarra Martínez, Eligio García, Odair Mateus Cardozo, Celso Luis Alvarenga, Blas Antonio Villalba Sosa, Edilson Silva Da Cruz, David Andi Izquierdo Ibacache, Jorge David Centurión, Víctor Manuel Roa.

Asimismo, están enjuiciados: Armando Cáceres Cañete, Ronaldo César Dos Santos, Roger Darío Delgado Molina, Hugo Vera Benítez, Christian Mareco, Andrés Rafael Escurra Mancuello, Hugo Ramón Pizzurno, Nicolás Salvador Muños Ramírez y Arturo Emanuel Ávalos López.

El inicio del Juicio Oral y Público se vio dilatado en varias ocasiones debido a que el Tribunal de Sentencia fue recusado y posteriormente también recusaron a los agentes fiscales Alejandro Cardozo Pereira, Alicia Sapriza y Fanny Aguilera.

Así mismo, el presente juicio se realiza bajo medidas de extrema seguridad por la alta peligrosidad en atención a que los acusados son considerados como miembros de la organización criminal “PCC” por lo que es llevado a cabo en la agrupación de seguridad de la policía nacional.

El viernes reciente, antes de darse la prosecución del juicio un acusado bajo patrocinio de abogado no interviniente en el juicio recusó nuevamente en pleno juicio a los fiscales más arriba citados agregando esta vez otros varios nombres más de fiscales y así asegurar la no producción del teléfono celular.

No obstante, la Fiscal General del Estado Sandra Quiñones, designó inmediatamente a un fiscal provisorio para dar continuación y fue así que se logró producir videos de dicho aparato celular en donde en una parte se pudo resaltar que uno de los acusados decía: “Aquí manda PCC, no existe clan Rotela” y daban alusión a que la masacre se debía en represalia por la muerte de otro interno en la penitenciaria de Tacumbu.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.