La menor desaparecida es hija de líderes de ese grupo armado, como otras dos también con nacionalidad argentina que murieron en el choque, en un campamento del EPP en las proximidades de Yby Yaú, en el departamento de Concepción (norte).

El departamento de Migraciones firmó el acta con miras a proceder a la expulsión de los componentes de la misión desde el puesto aduanero de la ciudad de Encarnación, frontera con Argentina, según consta en el documento.

El paraguayo Fabricio Arnella, que formaba parte de la misión, dijo a hoy a Efe que los expulsados fueron demorados la víspera por autoridades militares cuando se encontraban en Yby Yaú, -zona de influencia del grupo criminal- y trasladados en una avioneta a Encarnación.En ese sentido, Arnella señaló que la misión no transgredió ninguna ley paraguaya y que comunicaron de sus intenciones al Gobierno desde el ingreso en el país de sus componentes extranjeros, el 18 de julio.

Arnella explicó que aceptaron la propuesta del Ministerio del Interior de estar acompañados en la zona y por motivos de seguridad de mandos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo que combate a la guerrilla.Sin embargo, agregó que en la entrevista con representantes del Ministerio pidieron que esa presencia se mantuviera alejada cuando la misión se reuniera con pobladores del área.

Añadió que finalmente se acordó que algún integrante la FTC esperaría en Yby Yaú a la misión para llevar a cabo su agenda de trabajo, pero que este no se personó.“No acompañaron a la delegación porque no quisieron. Lo que querían era expulsar a la delegación, decir que se movió de forma clandestina y que violó la soberanía nacional”, dijo Arnella.

La visita se inscribía en el marco de la campaña nacida en Argentina para obtener información sobre la situación de la menor, así como recabar datos sobre las muertes de las otras dos.

La nacionalidad de las fallecidas fue comunicada entonces por el Gobierno argentino al de Paraguay, quien sostiene que eran hijas de líderes del EPP y criadas en Argentina.

El Gobierno señaló entonces que al menos una de las menores hizo uso de un arma antes de ser abatida por la FTC, al tiempo que calificó de exitoso el operativo, en cuanto que se desarticuló el campamento guerrillero y se incautaron armas, municiones y documentación.

Asimismo, acusó al EPP de reclutar a menores en sus filas. Dos días después de esas muertes, el EPP secuestró al exvicepresidente Óscar Denis, de 75 años, en las inmediaciones de su estancia ganadera en una zona próxima al suceso anterior, cuyo paradero se desconoce desde entonces.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.