El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Hugo Vera, confirmó a la radio 650 AM que el líder de la célula “Raio X” del PCC, Eduardo Aparecido de Almeida, alias “Pisca”, fue expulsado en horas de la noche del miércoles. También fue remitido a su país el ciudadano brasileño Ricardo Moraes Alves, quien fue aprehendido durante el operativo realizado ayer miércoles en horas de la tarde en barrio Herrera de Asunción.

“Esto fue rápido, fue un pedido del Brasil. Hace dos días que recibimos las informaciones de las autoridades brasileñas, quienes nos dieron las coordenadas y confirmamos. Poco tiempo estuvo en el país. Si no se recibía ese dato, seguramente iba a costar más (saber que el criminal estaba residiendo aquí)”, indicó.

La autoridad detalló que, según la información proporcionada por sus pares del Brasil, el narco había ascendido en la estructura criminal y pasó a ser el jefe de las bandas que operan en Bolivia y Paraguay. “Él coordinaba todas las actividades de tráfico de armas, drogas, lavado de dinero y atracos”, contó.

La vivienda donde fue capturado pertenece al exjugador de Cerro Porteño Roberto Nani, pero estaba alquilada por 15 millones de guaraníes (mensual) mediante una inmobiliaria. En la casa no fueron halladas armas, pero sí una considerable cantidad de dinero en efectivo, celulares y chips de todas las líneas telefónicas, de acuerdo con el entrevistado.

“Hay una exportación de criminales brasileños hacia el Paraguay. La génesis del problema es allá, nosotros somos solo receptores”, añadió en otro momento.

Otro dato no menor que arrojó el procedimiento donde cayó el “pez gordo” fue la presencia del Oficial 2º de la Policía Nacional, Carlos Alfredo Mendoza (27), quien también fue detenido. Sobre la cobertura que realizaba el uniformado de la Comisaría 4ta. Metropolitana, el ministro de la Senad dijo que facilitaba sus documentos al brasileño, le hacía sus mandados y también le brindaba cobertura de seguridad. “Para nosotros es un poco incómodo informar, pero no podemos dejar de hacerlo. Los jefes policiales van a tener que hacer las medidas administrativas necesarias para dilucidar la situación”, puntualizó.

Sobre el mismo punto, la comisario Elisa Ledesma, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comentó a la radio 970 AM que Mendoza está guardando reclusión, mientras que internamente la Comandancia de la Policía ya inició un sumario en su contra.

El comandante Luis Rojas además dispuso que el comisario Hugo Adaberto Ayala y subcomisario Hugo Marín, jefe y subjefe de la Comisaría 4ta, respectivamente, fueran cesados de sus cargos y queden a disposición de la investigación de Asuntos Internos. “Ellos quedan cesantes de los cargos. No se abre sumario contra los mismos y tampoco se los destituye”, aclaró.

Los reemplazantes son el comisario Andrés Vicente Ferreira, como jefe, y el subcomisario Javier Rojas, como subjefe.

El comandante enfatizó que “no se tolerará ningún acto de esta naturaleza y se aplicarán implacablemente las normas vigentes con todo el peso de la ley”, de acuerdo a su comunicado dado a conocer en la fecha.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.