Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, charló este martes con la radio Universo 970 / Nación Media sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia referente a las estaciones de servicio. En ese sentido explicó que en total los emblemas presentaron cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de la ordenanza municipal que rige para la aprobación de estaciones de servicio, y que la CSJ emitió dos fallos.

“El fallo 1, que fue presentado por un grupo de estaciones de servicios (Cadipac-Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles) no fue tratado en el fondo. De forma no aplica y no da lugar al trato a fondo. El fallo 2 sí nos preocupa. Fue presentado por un emblema (Imperial Compañía Distribuidora de Petróleos y Derivados) sobre un caso en particular y al que sí da lugar al pedido de inconstitucionalidad”, explicó.

Mora criticó que este segundo fallo deja un nefasto antecedente ya que da lugar a que no rija la distancia mínima de 1.000 metros entre estaciones de servicios, argumentando la libre concurrencia de mercado y actividad lícita. También trata sobre atribuciones municipales de reglamentar el uso y actividades en su territorio, según cuestionó.

“Es preocupante el antecedente, jurisprudencia, que deja el fallo porque permite un escenario de continuidad de aprobación de estaciones de servicio, hoy lastimosamente ya tenemos casos de una frente a otra. Pero por otra parte cercena y limita la autonomía municipal de establecer criterios y reglamentos de uso de su territorio”, dijo.

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Dos fallos emitió ayer la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos promovido por Cadipac (Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles) y otro por Imperial Compañía Distribuidora de Petróleos y Derivados SA y Petroquim SA, sobre el artículo 10 de la ordenanza municipal, respecto la distancia mínima de 1.000 metros entre emblemas.

Ambos fallos en cuestión fueron firmados por los ministros Víctor Ríos, César Diesel y Antonio Fretes.

Sobre el primer fallo, el entrevistado de la Comuna capitalina aseguró que se está tergiversando para evitar que se hable sobre el segundo que es preocupante. “El primer fallo no trata el fondo, hay mucha desinformación que fue tomada por algunos medios, con deseo de esconder el segundo fallo que es preocupante”, lanzó.

Criticó que existe un juego de palabras del ministro Víctor Ríos sobre las decisiones que tomó junto con sus colegas, de modo a “esconder el efecto del segundo fallo que es relevante”.

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Dijo finalmente que los asuncenos reclaman que se abran más estaciones de servicios, pero remarcó sobre el punto que en realidad la responsable es la Corte Suprema de Justicia, la cual ahora determinó que es inconstitucional determinar una distancia mínima entre las gasolineras.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.