Desde su cuenta personal en Twitter, el periodista Javier Sánchez, director de Comunicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, divulgó una serie de notas dirigidas al presidente de la República, Mario Adbo Benítez, en la que supuestos productores de diferentes puntos del país, manifestaban su respaldo a la gestión del cuestionado ministro Rodolfo Max Friedmann.

Lo llamativo del caso es que ni siquiera cuidaron el detalle de cambiar el tenor de las notas, puesto que, según se observa, el texto de todas se repite y sólo cambia el nombre del Comité y el distrito al cual pertenecen. Todas las notas empiezan en su primer párrafo de la siguiente manera: “Ante la agresiva campaña mediática destacada contra la persona del actual Ministro….”

Las notas que Sánchez, experiodista y cronista del diario ABC, publicó en sus redes sociales, tienen sin embargo un pequeño detalle del cual no se percataron y es que el nombre de algunos de los supuestos firmantes no coincide con los números de cédula que figuran al pie de las notas.

Por ejemplo, en la misiva de la Unión de Productores Hortícolas de la localidad de Cedrales, Alto Paraná, aparece la firma de Daniel Osorio, como secretario, con cédula de identidad N° 2.568.258; sin embargo, al cruzar la información con la base de datos del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional aparece que ese número de documento corresponde a Anastasio Arrúa Coronel; mientras que, en el lugar donde figura la firma del supuesto presidente del gremio, Antonio Cáceres, con cédula N° 3.457.128, ésta en realidad corresponde a una persona de nombre María Teresa Vázquez Alcaraz.

Sánchez, quien antes de ser cronista de ABC Cardinal, también se desempeñó como Jefe de Prensa del expresidente de la República, Federico Franco, publicó en su Twitter un total de siete notas con el mismo tenor, correspondientes a los productores de los distritos de: Blas Garay, Barrio Santa Lucía, Compañía Curucau, Zarocaro, San Antonio, Barrio Potrerito y Compañía Guelita, todas correspondientes a la zona de Coronel Oviedo, Caaguazú.

Además, resaltó un pronunciamiento del Comité de Fomento y Desarrollo de Cañicultores de Mauricio José Troche, en cuyo membrete aparece el logo del Gobierno Nacional, con el eslogan: “Paraguay de la gente”, lo que hace suponer que se trata de una agrupación oficialista o que responde directamente a la oficina gubernativa a cargo de Friedmann.

Todo hace suponer que en los últimos días, el exgobernador del Guairá y actual ministro de Agricultura y Ganadería tuvo que salir a tratar de contrarrestar la avalancha de documentos y evidencias que lo sindican como uno de los principales capitalistas de la empresa Eventos y Servicios SA que ganó varias licitaciones para la provisión de la merienda escolar en el departamento gobernado por Friedmann.

Lo concreto es que, hasta el momento, el ministro no pudo rebatir ninguno de los elementos arrimados por el que fuera presidente del directorio de la firma, Hugo Alexander Torales, quien presentó audios y copias de chats que mantenía con Friedmann en los que éste le daba indicaciones sobre los movimientos de las cuentas bancarias y gerenciaba en la práctica las operaciones de la empresa, puesto que además, seguía de cerca los procesos licitatorios en los cuales podría participar la firma, la cual le rendía millonarias ganancias en dólares.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.