Una serie de documentos facilitados a nuestra redacción confirman que en abril de este año fue presentada una demanda por prestación alimenticia en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, contra el ministro Eduardo Petta San Martín.

De acuerdo al texto, la demandante (cuyos datos son omitidos para preservar el derecho a la privacidad e intimidad) solicitó al titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que se haga cargo de los gastos del hijo que ambos tienen en común, sobre todo para la cobertura de vestimenta, tratamiento médico y odontológico, estudios secundarios, entre otros.

Posterior a presentarse el caso, el Juzgado en lo Civil de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno Secretaría Nº 4 de la Tercera Circunscripción Judicial decidió hacer lugar a la demanda por asistencia alimentaria promovida contra el titular de la cartera de Estado.

En principio, la mujer exigió a Petta la suma de G. 7.375.000 en concepto de cuota alimentaria, esto considerando el salario que percibe actualmente. Según manifestó, la suma de G. 1.500.000 que venía depositando el ministro en la cuenta bancaria hoy día resulta insuficiente para cubrir los gastos del niño.

Según puede apreciarse en uno de los párrafos, el ministro de Educación había indicado que percibe un salario mensual de G. 25.151.200, del cual se le descuenta la suma de G. 8.849.207 desde julio de 2018 en concepto de aporte jubilatorio.

En este caso, el monto que el titular del MEC informó al juzgado no es el definitivo ya que sólo comprende su salario básico, sin incluir gastos de representación, bonificaciones y otros conceptos extra propios del cargo que desempeña en la función pública.

La Jueza de la Niñez y la Adolescencia que tuvo a su cargo atender este caso es Nilsa Monzón de Sarquis. En su dictamen resolutivo, la misma ordenó abonar exactamente el monto que había sido ofrecido por el ministro Petta, sin dar cabida a las exigencias planteadas por la parte demandante.

En tal sentido, se puede leer en el documento que el titular del MEC deberá abonar de manera mensual en concepto de prestación alimentaria el importe de G. 1.500.000, monto que irá incrementando automática y proporcionalmente conforme a los aumentos salariales. Dicho dinero deberá ser depositado en una cuenta bancaria.

La resolución también obliga a Petta a realizar un “refuerzo” de G. 1.000.000 al comienzo del año lectivo con el fin de adquirir vestimentas y útiles escolares para el niño, así como otro monto de G. 500.000 en junio para la compra de abrigos.

De acuerdo a fuentes con las que consultó este medio, la jueza Monzón de Sarquis -quien es esposa del exdiputado itapuense Luis Alberto Sarquis- es una abogada que no llegó a tener experiencia previa en esta profesión antes de ser nombrada como magistrada. Así también, habría sido denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Según la denuncia, el ministro Petta habría ejercido presión para ser favorecido en este caso y también habría prometido ayuda a la jueza en el concurso y ante el JEM como ex miembro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.