Chase explicó ante los medios, tras una reunión en el Palacio de Gobierno, que los cortes en el suministro de agua son un “problema estructural” ya que, “en los últimos 10 años no se realizaron las inversiones que tenían que hacerse”, y la “empresa no acompañó” el crecimiento de la población en esa década.

Sin embargo indicó que, los cortes de los últimos días son una “situación temporal”, agravada por el “calor y la falta de lluvias” de las últimas semanas.

Concretó que el sistema de la Essap tiene una capacidad de producción total de 417.000 metros cúbicos de agua al día, mientras que la demanda asciende a los 490.000, y anunció la ampliación de una planta de tratamiento de aguas para solucionar “el problema en el Gran Asunción”, donde se requieren 110.000 metros cúbicos más por día.

Dicha obra se alargará, al menos “un año y medio”, por lo que añadió que la Essap está “tomando medidas” alternativas para “paliar el problema hasta que se termine la planta”.

Medidas como la construcción de un pozo que dé acceso a los acuíferos subterráneos en el barrio Roberto L. Petit, o la instalación de tres plantas de tratamiento “móviles” que cubran la demanda de la localidad de Mariano Roque Alonso.

El problema se ve acrecentado, según denunció Chase, por la gran cantidad de usuarios que realizan “conexiones clandestinas” al sistema de distribución del agua y que cifró en torno a las 15.000 o 17.000 en el Gran Asunción.

Explicó que aumentarán los controles, pero que, a pesar de que ya han cortado unas 25.000 cuentas en esa zona, “alrededor del 50 %” de esas personas que “no pagan”, “se reconectan” de forma ilegal.

Indicó que otro de los desafíos de la compañía es el de “ampliar la cobertura de desagüe” para evitar problemas como el de la contaminación, por filtraciones de aguas cloacales, del acuífero Patiño, que cubre un área de 1.176 kilómetros cuadrados y surte de agua a gran parte del Gran Asunción.

Las autoridades alertaron a comienzos de este mes de que las aguas del acuífero superaban el nivel máximo permitido para el consumo humano de presencia de nitritos, al alcanzar los 45 miligramos por litro.

Según datos de la propia compañía, actualmente sólo se depura un 2 % del agua utilizada por los hogares asuncenos, lo que, unido a la falta de una adecuada red cloacal, provoca el vertido de aproximadamente 300.000 metros cúbicos de aguas de desagüe sin tratar al río Paraguay.

Asunción es además la única capital sudamericana que no cuenta con una planta de tratamiento fecal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.