El Lic. Armando Rodríguez, Gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, confirmó en contacto con la 970 AM que ya desde el año pasado se viene arrastrando esta situación de desabastecimiento en a previsional debido a una licitación que fue declarada desierta.

“Una de nuestras licitaciones del año 2016 fue declarada desierta en varios ítems, entre ellos los productos oncológicos, recién en noviembre se hizo un nuevo llamado para cubrir esa demanda”, señaló.

Los elevados costos presentados por las empresas oferentes habrían motivado a declarar desierta dicha licitación. Según explicó el propio Rodríguez, la Ley 1626 no permite adjudicar productos si los mismos superan el 50% de los precios estimados. “Los precios referenciales fueron muy superiores a lo previsto en la licitación”, indicó.

Tras esta situación, el Instituto de Previsión Social volvió a hacer un llamado a licitación en noviembre pasado, pero la misma no pudo ser publicada debido a varios reparos y protestas. La última opción disponible ante la urgencia del caso fue el llamado a licitación por la vía de la excepción.

El Gerente de Abastecimiento y Logística de IPS mencionó que la próxima semana se deben abrir las ofertas que serán presentadas por más de 45 empresas. El sistema a utilizar no será el de publicación en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sino por invitación a las empresas.

“Generalmente la licitación se adjudica en 5 o 7 días y a partir de ahí se empiezan a recibir los productos”, mencionó Rodríguez. Se estima que luego de la adjudicación a la empresa ganadora, se deben esperar 10 días para empezar a recibir los medicamentos oncológicos en el parque sanitario del IPS.

Ante la consulta de un eventual reembolso a aquellas personas que compran de su propio dinero los medicamentos oncológicos en farmacias externas, sostuvo que dentro de las normas del IPS no está prevista la devolución de ningún gasto. “Se puede plantear eso y el Consejo tendrá que analizar si es viable dentro del marco de la ley y autorizarlo”.

Mediante esta licitación por la vía de la excepción, se podrá abastecer a la previsional durante 3 meses, pero luego se deberá volver a hacer otro llamado para cubrir la demanda de 1 año completo.

Patricia Torrents, directora de Tecnología del banco Itaú, comentó al canal GEN que para poder ingresar a la app o el home banking de cualquier entidad, indefectiblemente se requiere de un PIN de acceso único, el cual es creado de forma segura por el titular de la cuenta.

Posteriormente para transferir los fondos de dicha cuenta, se requiere indefectiblemente de un PIN transaccional que es considerado como un segundo factor de autenticación y que posee otras medidas de seguridad adicionales.

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“De acuerdo al perfil del cliente, se pueden conceder préstamos para una emergencia, pero para mover ese dinero y transferir a un tercero me va a pedir siempre el segundo PIN (de transacción)”, mencionó.

Torrents enfatizó que “el dinero no puede salir del banco” sin tener estos dos pines, por lo que descarta que se pueda producir una vulneración sin que la persona detrás del ilícito los tenga a mano.

Cada PIN cuenta con una medida de validación específica, lo cual aumenta el nivel de seguridad y privacidad, además de evitar que terceras personas puedan acceder a una cuenta, refirió, al tiempo de destacar que el home banking y el aplicativo de Itaú poseen estrictas medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

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Torrents desmintió que el PIN transaccional tenga como segundo factor de autenticación el envío de un mensaje de texto -tal y como había denunciado la esposa de un cliente días atrás a través de GEN-, utilizándose otras medidas adicionales más seguras para ese tipo de situaciones.

La directora de Tecnología de Itaú también manifestó que, como banco, no tienen potestad de tocar el dinero que haya sido transferido a otra cuenta bancaria en una entidad distinta, como sucedió en el caso mencionado anteriormente y que involucró un préstamo de más de G. 20 millones, solicitado sin autorización del titular.

Desde la semana pasada ya se pudo observar un movimiento interesante de obreros y maquinarias en el lugar, alistando el terreno para arrancar muy pronto con la construcción de este vital componente del Corredor Metropolitano del Este (CDME).

Cabe recordar que el desarrollo del proyecto está dividido en dos fases.

La primera, que es la que se encuentra en su etapa decisiva es la Revisión y Diseño Final de Ingeniería, que tiene la finalidad de compatibilizar el trazado del puente con las demás obras del CMDE.

En tanto que, la Fase B, comprende la construcción propiamente dicha, que tendrá un plazo 18 meses de duración.

La empresa contratista encargada de las tareas mencionadas, es el Consorcio Puente Monday (Constructora Heisecke S.A. y Construpar S.A.), y la fiscalización la hace el Consorcio JY1.

El segundo puente sobre río Monday será la conexión entre el acceso interurbano de la ciudad de Presidente Franco y la carretera de casi 31 km que abarca el área rural del CMDE con salida en el km 17,5 de la ruta PY02 en el distrito de Minga Guazú.

Tendrá una longitud de 500 metros, con una sección transversal del diseño que comprende 26,50 metros, 4 calzadas de 3.60 metros, dos banquinas internas de 1,30 metros cada una, separadas por una defensa tipo New Jersey de 0,60 metros y dos externas de 1,50 también con defensa tipo New Jersey de 0.40 metros, además de caminos peatonales y bicisenda de 2,50 metros a ambos extremos de la sección.

El agente fiscal Alfredo Ramos Manzur, titular de la Unidad Penal n.° 3 de la Fiscalía Regional de Paraguarí, imputó a José Miguel Cristaldo Fernández, responsable de un local de criptomonedas en la ciudad de Quiindy, por el supuesto hecho punible de sustracción de energía eléctrica, sabotaje y perturbación de servicios públicos.

El representante del Ministerio Público solicitó que el imputado sea beneficiado con una medida alternativa a la prisión, con la obligación de pago de la deuda a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de más de 5.000 millones de guaraníes. Asimismo, en el caso que el imputado ofrezca una propuesta formal de pago, esta debe ser adjuntada al expediente judicial en un plazo a ser fijado por el Juzgado, a los efectos de corroborar el cumplimiento de la medida solicitada.

Los antecedentes del caso refieren que la investigación se inició luego de la denuncia presentada por parte de la ANDE  de un supuesto caso de sustracción de energía eléctrica y el pasado 21 de marzo de una comitiva fiscal procedió al allanamiento de un inmueble en donde se incautó un total de 834 máquinas procesadoras de criptomonedas que en promedio consumían más electricidad que todo el distrito de Quiindy.

Además se constató una conexión directa con un trasformador de 45 KVA que alimentaba a otro transformador de 3.150 KVA, ocasionando inconvenientes en la calidad del servicio de la energía eléctrica en la ciudad.

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